Estado de México. - México sigue sin contar con un sistema oficial para registrar crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y de género, advirtieron organizaciones civiles en el Día Internacional contra la LGBTfobia, mientras documentaron al menos 24 asesinatos en los primeros meses de 2026, 17 de ellos contra mujeres transgénero.

Activistas subrayaron que la ausencia de registros oficiales diferenciados sigue dificultando dimensionar la violencia contra personas LGBTI+ en México, en medio de subregistro, impunidad y fallas en las investigaciones.

Samuel Jair Martínez, coordinador de investigación y del Observatorio de Crímenes de Odio en la organización civil mexicana Letra Ese, explicó que, aunque el último año mostró un aparente descenso en asesinatos de personas LGTBI+ —60 casos documentados en 2025 frente a 80 en 2024—, las cifras deben leerse con cautela.

“Esto significa que el aparente descenso está sujeto a diferentes dinámicas que podrían aumentar los casos sin aviso previo”, indicó.

Según datos del Observatorio, en los primeros meses de 2026 se han documentado al menos 24 asesinatos de personas de la diversidad sexogenérica presuntamente relacionados con prejuicio, 17 contra mujeres trans.

Martínez alertó además sobre la persistencia de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos LGBT+, con al menos 20 casos de este tipo en los últimos tres años.

Entre otras tendencias preocupantes, agregó, las mujeres trans continúan siendo las principales víctimas de violencia letal relacionada con prejuicio, al concentrar 35 de los 60 homicidios de personas LGBT+ documentados en 2025.

Martínez insistió en que, pese a recomendaciones internacionales, México aún carece de un sistema oficial para registrar homicidios con perspectiva de orientación sexual e identidad de género.

“Nuestro informe suple esta necesidad (más no sustituye la responsabilidad del Estado)”, señaló el integrante de Letra Ese, organización que construye sus registros a partir de notas de prensa, redes sociales y observatorios locales.

Pero la violencia LGBTfóbica no empieza con el asesinato y muchas veces ni siquiera entra en las estadísticas, avisó Amy Salazar, oficial de Emancipación y Comunicación del programa Identidad Sexual en la organización Balance.

Salazar sostuvo que la falta de registros diferenciados sigue siendo una de las principales deudas del Estado frente a la violencia LGBTfóbica, mientras formas de discriminación como la lesbofobia y las violencias en espacios cotidianos continúan fuera de la conversación pública.

“Las violencias que más nos aquejan son las que vivimos en nuestros espacios más cotidianos”, señaló, al advertir que estas formas de discriminación tienen efectos directos en la salud mental.

En ese sentido, citó un diagnóstico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado en 2023, según el cual casi 80 por ciento de hombres trans y personas no binarias reportó ideación suicida, además de 60.7 por ciento de mujeres bisexuales y 57.4 por ciento de mujeres lesbianas.

“Son violencias que nos llevan a ocultar nuestras identidades, a evitar expresarnos, a modificar nuestra expresión de género”, alertó.

Además de la ausencia de registros diferenciados, agregó que persisten prácticas institucionales que invisibilizan a víctimas trans, como registrar transfeminicidios como homicidios o utilizar nombres y pronombres incorrectos en investigaciones e informes oficiales.

También alertó que recientes cambios federales en metodologías de registro de delitos dificultan comparar cifras y monitorear tendencias de violencia, una demanda histórica de organizaciones civiles.

Por último, los activistas sostuvieron que la visibilización pública de casos recientes responde a estrategias impulsadas desde colectivos frente a la impunidad y la falta de reconocimiento institucional de la violencia LGBTfóbica.

“No existen políticas públicas u otros esfuerzos de gran escala en contra de los prejuicios y la prevención de la violencia”, zanjó Martínez.