Estado de México. - La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que cuatro exservidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BANBIEN) fueron sancionados por faltas administrativas graves, tras investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) de ambas instituciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones derivaron en resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que impuso inhabilitaciones de hasta 10 años para ocupar cargos públicos, además de sanciones económicas.

En el caso del SAT, las autoridades investigaron a un exservidor público relacionado con la asignación irregular de citas para trámites fiscales mediante el uso de datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

Respecto al Banco del Bienestar, el OIC acreditó irregularidades cometidas por tres exfuncionarios. Dos de los casos estuvieron vinculados con retiros de recursos bancarios sin autorización de los cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos. El tercer expediente estuvo relacionado con conciliaciones elaboradas con información considerada no verídica.

Entre las sanciones impuestas se encuentra la inhabilitación por un año de Víctor R., exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT. Asimismo, Juan D., Orlando P. y Marco M., exfuncionarios del Banco del Bienestar, recibieron inhabilitaciones de 10 años y sanciones económicas.

Las multas económicas aplicadas oscilan entre 25 mil y 250 mil pesos, informó la dependencia federal.

La Secretaría Anticorrupción señaló que “las personas sancionadas tienen derecho a impugnar” y añadió que defenderá las resoluciones “con la misma firmeza con que fueron investigados los casos”.

En el mismo comunicado, la dependencia sostuvo que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”.

Finalmente, la Secretaría invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.