Estado de México. - La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) solo habría brindado apoyo de inteligencia y planeación en el presunto operativo realizado a finales de marzo en México contra Francisco “El Payín” Beltrán, presunto mando del Cártel de Sinaloa, “pero no estaba sobre el terreno cuando las autoridades mexicanas mataron al hombre”.

La versión, publicada el miércoles en el diario The New York Times por los periodistas Julian E. Barnes y Maria Abi-Habib, surge luego de que la cadena CNN difundió un reportaje en el que afirmó que la CIA había participado en “operaciones letales” dentro de territorio mexicano y que el caso de Beltrán constituyó un “asesinato selectivo” facilitado por agentes de la agencia estadounidense.

De acuerdo con el Times, personas informadas sobre el operativo y un exfuncionario estadounidense señalaron que la CIA “aportó información sobre la ubicación del agente del cártel y participó en la planificación del asesinato”, aunque precisaron que “los agentes de la CIA no estuvieron presentes en el lugar del atentado ni asesoraron en persona a los mexicanos cuando se llevó a cabo la operación”.

El diario indicó que no está claro “hasta qué punto habría participado la CIA en la planificación”.

Beltrán y otro hombre murieron el pasado 28 de marzo tras estallar la camioneta en la que circulaban por la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Estado de México.

Según el reporte de CNN, la CIA habría intervenido en múltiples “ataques letales” contra miembros de cárteles mexicanos desde el año pasado, con distintos niveles de implicación. La cadena estadounidense sostuvo además que la agencia incrementó su participación directa en operaciones destinadas a “neutralizar” integrantes de organizaciones criminales, bajo una estrategia similar a las misiones antiterroristas implementadas por EE.UU. en Medio Oriente.

CNN también afirmó que la operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada encabezada por la división Ground Branch, considerada la rama paramilitar de élite de la CIA, para “desmantelar redes arraigadas de cárteles”. La cadena citó una fuente dentro de la Fiscalía del Estado de México que señaló que un explosivo fue ocultado dentro del vehículo del presunto integrante criminal.

Tras la publicación del reportaje, el Gobierno de México negó que agencias extranjeras participen en operaciones letales en territorio nacional.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió en su cuenta de X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Añadió que “las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes” y sostuvo que la cooperación con otros países “se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México”.

La portavoz de la CIA, Liz Lyons, también negó la versión de CNN y calificó el reporte como “información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México negó “de manera contundente” haber sido la fuente de la televisora estadounidense, “en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que ‘un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo'”.

En un breve comunicado, aseguró que “mantiene en curso una indagatoria en relación con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2026, donde se reportaron 2 víctimas mortales, sin que hasta el momento exista una conclusión sobre las causas y circunstancias que propiciaron su deceso”.

La participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano ha estado en el centro del debate en fechas recientes, tras conocerse la presencia de cuatro agentes de la CIA en un operativo realizado el pasado 18 de abril en la Sierra del Pinal, en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, dos de los agentes de los cuales murieron en un accidente automovilístico el 19 de abril.

El pasado 28 de abril, la FGR anunció la apertura de dos carpetas de investigación: una por la localización del laboratorio clandestino y otra por posibles delitos contra la seguridad nacional, relacionados con la presencia y muerte de los dos agentes estadounidenses. El 4 de mayo, la FGR informó que alrededor de 50 servidores públicos que participaron en los operativos serían citados a declarar ante la FECOR.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reiteró este martes que no autorizó ni tuvo conocimiento “de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, mientras que la fiscalía estatal dio a conocer que el pasado 16 de abril, horas antes de que partiera el convoy rumbo al operativo, uno de los presuntos extranjeros fue captado al interior de las instalaciones de la institución con un arma larga en la mano derecha. La fiscal del caso, Wendy Chávez, aclaró que todavía no se sabe si el agente extranjero portaba armas durante el operativo o en otras actividades.

El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la relación con Estados Unidos debe regirse bajo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua.

En una gira por Sonora, el sábado pasado, Sheinbaum dijo que México debe mantener una buena relación con Estados Unidos, pero advirtió que la soberanía nacional “no se puede negociar”, luego de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el narcotráfico y el papel de los cárteles en territorio mexicano.

“Por lo demás, aprovechando que estamos aquí en un estado vecino, hay que decir que a todas y a todos los mexicanos nos corresponde tener una buena relación, sí, con el gobierno de Estados Unidos, porque somos vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, son 3 mil kilómetros de frontera; pero hay algo que no se puede negociar, y eso es la soberanía nacional”, declaró la mandataria.

El pasado viernes, Trump afirmó que “los carteles gobiernan México”. Al señalar una bajada en el tráfico de drogas, aseguró que éstas fluyen principalmente a través de México.

“Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, dijo el mandatario.

Dos días antes, durante un evento por el Día de las Madres con madres de militares estadounidenses, el presidente estadounidense reiteró la posibilidad de que fuerzas de EE.UU. actúen contra organizaciones criminales fuera de su territorio, incluido México.

“Las drogas que entran por mar han bajado un 97%. Ahora hemos comenzado con la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán quejas de gente de lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros vamos a hacerlo”, declaró.

Trump sostuvo que su administración logró reducir el tráfico marítimo de drogas mediante ataques y bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, y aseguró que ahora el enfoque está en operaciones terrestres.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente presión de Washington en materia de combate al narcotráfico. La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos, documento que condiciona el apoyo a México a resultados en detenciones y extradiciones, además de dejar abierta la posibilidad de acciones unilaterales estadounidenses.

Además, en su nueva Estrategia Antiterrorista, Trump afirma ya comenzó a usar “la fuerza y el poder del ejército estadounidense” para desmantelar a los cárteles, a los que declaró como organizaciones terroristas al inicio de su mandato en 2025.

Incluso advierte que Estados Unidos no permitirá que “terroristas ni gobiernos que los apoyan” operen con impunidad. “Los encontraremos y los eliminaremos”, señala.

La semana pasada, el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, aseguró que continuarán las investigaciones y procesos judiciales contra políticos mexicanos presuntamente ligados a organizaciones criminales.

Durante una entrevista con la periodista Ali Bradley, señaló que entre las acciones impulsadas por Washington se encuentran revocaciones de visas, extradiciones y nuevas acusaciones formales.

“Y ya hemos imputado recientemente a varios funcionarios del gobierno mexicano, incluido un juez. Así que esto continuará. Una consecuencia de que muchos de los líderes de algunos de estos cárteles hayan sido traídos aquí durante el último año en nuestra cooperación con el gobierno mexicano es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar, y esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”, afirmó.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya -hoy con licencia-, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.