San José del Cabo, Baja California Sur.- Familias con integrantes dentro del Espectro Autista en Baja California Sur (BCS) enfrentan un panorama de incertidumbre ante modificaciones en los criterios de evaluación de la Secretaría del Bienestar, situación que podría dejarlas fuera de apoyos económicos fundamentales para su vida diaria.

El cambio en el instrumento de medición —un cuestionario internacional conocido como “Washington”— ha encendido las alertas, ya que su enfoque en limitaciones físicas y cognitivas visibles no contempla aspectos clave del autismo, como las barreras sensoriales, de interacción social y comunicación.

Sin embargo, más allá del ajuste técnico, el impacto ya se refleja en la vida cotidiana de las familias. Melissa Álvarez, madre soltera de un menor con autismo grado uno, explica que, aunque su hijo ha mostrado avances, requiere acompañamiento constante para mantener su desarrollo. Hasta ahora, el apoyo económico le permitía cubrir parte de los gastos terapéuticos, pero con los nuevos criterios su hijo podría quedar excluido.

Cada mes, Melissa enfrenta gastos cercanos a los 2 mil 800 pesos solo en terapias en el CRIT, donde su hijo recibe atención psicológica, física y sensorial. A esto se suman costos de traslado y la necesidad de pagar una maestra sombra, servicio indispensable para que su hijo pueda asistir a la escuela, con un costo aproximado de mil 200 pesos semanales.

La posible pérdida de este apoyo no solo compromete la continuidad de las terapias, sino también la estabilidad económica del hogar. Este caso no es aislado. De acuerdo con testimonios recabados por Diario El Independiente, al menos tres familias en el municipio ya atravesaron este proceso y han sido advertidas durante la aplicación del cuestionario que solo personas con autismo de grado 2 o superior podrían acceder al apoyo.

La situación evidencia una problemática estructural: la falta de políticas públicas integrales que reconozcan la diversidad del espectro autista y garanticen tanto sus derechos como condiciones dignas para su desarrollo.

En este contexto, la Asociación para la Educación, Terapia, Empoderamiento y Apoyo para Autistas (ALETEEA) ha manifestado su preocupación ante el riesgo de exclusión que enfrentan estas personas. 

Su fundadora, Esperanza Ibarra, advirtió que el nuevo modelo de evaluación no logra captar la realidad del autismo:

“El problema es que muchos de nosotros como personas autistas podemos movernos, podemos oír, ver, pero no se ven reflejados otros aspectos que sí representan barreras, como el tema sensorial, la interacción social o la comunicación”.

Aunque autoridades de Bienestar le señalaron a la asociación que los cambios responden a procesos de auditoría y buscan mayor transparencia en la asignación de recursos, la activista sostiene que, en la práctica, el nuevo esquema está dejando fuera a personas que internacionalmente son reconocidas como parte de la población con discapacidad permanente.

Ibarra subrayó que el apoyo económico —de aproximadamente 3 mil 500 pesos mensuales— es esencial para cubrir necesidades básicas, especialmente en un sector donde los costos son elevados y las oportunidades laborales limitadas, no sólo para las personas autistas, sino para las familias y cuidadores. 

“Los gastos son elevadísimos. El 30% de los autistas son no verbales. Una barrera de comunicación es determinante para que puedan desarrollar su vida de forma digna… sin este recurso no hay acceso a medicamentos o a su propia manutención”, expresó.

Ante este escenario, la asociación hizo un llamado a las autoridades para revisar y actualizar los criterios de evaluación, con el fin de garantizar que las personas dentro del espectro autista sean reconocidas e incluidas en los programas de apoyo social.