San José del Cabo, Baja California Sur. El reciente bloqueo registrado en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos marcó un punto de inflexión en la forma en que se desarrollan las manifestaciones en el municipio, al escalar hacia la interrupción de vías federales y servicios estratégicos. 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (BCS) señaló que este hecho hizo ver una que - a consideración de autoridades - debían marcarse límites entre el derecho a la protesta y la afectación a terceros, particularmente en una zona donde la movilidad y el turismo son pilares económicos.

En este contexto, el secretario general del Gobierno del Estado, Saúl Núñez, advirtió que más allá del uso de la fuerza pública, el enfoque se centra en las implicaciones legales que conlleva bloquear este tipo de vialidades.

“Más que nada de fuerza pública, es un tema de afectación hacia terceros y por ser vías federales, la fiscalía general de la República junto con la Guardia Nacional estará haciendo los citatorios para las personas que bloqueen vialidades, van a ser solicitados por la FGR para rendir informes y si son vinculados es un tema con la misma Fiscalía”, expresó.

A pregunta de Diario El Independiente sobre si no consideran que esto podría ser revictimizante para las familias víctimas de delitos como la desaparición que realizan estos actos para exigir justicia y atención en sus casos, el funcionario señaló:

“El hecho es que nosotros como gobierno del estado no cerramos la comunicación con colectivos o familias o si son temas de transportistas… al final se tiene que llegar a una mesa de trabajo, donde las familias se sientan acompañadas donde el que se siente afectado tenga una solución”.

Insistió en que se mantiene comunicación con colectivos de búsqueda e invitó a la ciudadanía que enfrenta alguna problemática a agotar las vías institucionales antes de recurrir a medidas como el bloqueo de vialidades. Reiteró que el objetivo es privilegiar el diálogo y construir soluciones sin afectar a terceros.

En México, el derecho a la manifestación está respaldado por la Constitución y diversos tratados internacionales, que garantizan la libertad de expresión y de reunión pacífica. De acuerdo con los artículos 6°, 7° y 9°, las personas pueden congregarse con fines lícitos sin que la autoridad pueda disolver una protesta, siempre y cuando se mantenga en términos pacíficos y sin el uso de armas.

No obstante, refirió Núñez, impedir el tránsito en vías federales puede derivar en sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales, ya que la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que no se deben obstaculizar caminos o servicios públicos. Aun así, subrayó que el Estado está obligado a actuar bajo principios de proporcionalidad, privilegiando el diálogo antes que el uso de la fuerza para respetar el derecho a manifestarse.