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Hoy es martes, 7 de abril de 2026

Aprueban el proyecto “Punta Nayu” con acceso público obligado a playa San Cristóbal

• El proyecto turístico deberá abrir paso libre, construir vialidades y un balneario desde su primera etapa.

Aprueban el proyecto “Punta Nayu” con acceso público obligado a playa San Cristóbal

 

 

San José del Cabo, Baja California Sur. El H. Cabildo de Los Cabos aprobó por unanimidad el Plan Maestro del Desarrollo Turístico Integral (DTI) “Punta Nayu”, un proyecto inmobiliario y hotelero que incluye, como condición central, garantizar el acceso público a la playa San Cristóbal, una zona que por años estuvo envuelta en disputas por el paso restringido hacia la costa.

 

La autorización establece que el desarrollador deberá habilitar una vialidad de 18 metros de ancho que conecte desde el inicio del complejo hasta la zona federal marítimo terrestre, además de construir un balneario público con estacionamiento, andadores, sanitarios, regaderas, palapas y áreas recreativas.

 

Estas obras no son opcionales: deberán ejecutarse desde la primera etapa del proyecto y, una vez concluidas, serán donadas al Ayuntamiento.

 

Durante la sesión, integrantes del Cabildo coincidieron en que la medida responde a una demanda social de años por parte de habitantes de Cabo San Lucas, quienes habían denunciado limitaciones para acceder a la playa San Cristóbal.

 

El desarrollo “Punta Nayu” contempla la construcción de mil 499 viviendas y cerca de 2 mil 891 cuartos hoteleros bajo un esquema de baja densidad, además de amenidades como clubes de playa, áreas deportivas, jardines y espacios de bienestar.

 

No obstante, la aprobación corresponde únicamente al uso de suelo, por lo que el promovente aún deberá gestionar permisos y dictámenes ante autoridades federales, estatales y municipales antes de iniciar cada etapa del proyecto.

 

Entre las condicionantes, también se incluye el cumplimiento de normas ambientales, como la protección de tortugas marinas y dunas costeras, lo que implica implementar medidas de prevención y manejo en coordinación con autoridades ambientales.

 

El acuerdo advierte que, en caso de incumplir con las condiciones establecidas —particularmente las relacionadas con el acceso público—, el proyecto podría ser revocado, además de enfrentar sanciones administrativas.