Estado de México. - Las inéditas elecciones judiciales en México de junio del año pasado, concebidas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fueron una “simulación electoral” que estuvo marcada por las irregularidades y la falta de transparencia, concluye un informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer.

La elección popular de más de 800 jueces y magistrados culminó con una participación del 13 por ciento del censo electoral (cerca de 13 millones de personas), lo que evidencia que estuvo “mal diseñada y organizada “, apuntaron los autores del estudio, elaborado por organizaciones civiles como México Evalúa, Diálogo Judicial o Laboratorio Electoral.

Los investigadores definieron este proceso como “oscuro” al estar protagonizado por la “improvisación” de las autoridades competentes.

Además, desde la Fundación Konrad Adenauer, de ideario democristiano, aseguraron que estas elecciones estaban orientadas a “subordinar” el Poder Judicial a los “intereses” del Ejecutivo, provocando una “simulación electoral” para generar “ventajas estructurales” en ciertas candidaturas.

Esta afirmación la sustentaron en el hecho de que todos los jueces electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), máximo tribunal de México, fueron respaldados por el Gobierno, al igual que el 65 por ciento de los magistrados federales y el 42 por ciento de juzgadores federales.

El informe, de más de 200 páginas, también alerta sobre los efectos de inducción en el voto que tuvieron la presencia de propaganda electoral de determinados candidatos, además de las diversas irregularidades registradas durante el día de la votación, como la presencia de funcionarios que “influenciaron” el voto, la existencia de propaganda no autorizada o la falta de supervisión en el traslado de las papeletas.

Asimismo, hubo “nula competencia” en algunas contiendas electorales porque en 43 candidaturas a nivel federal tan solo se presentó un candidato, destacaron los autores del estudio.

Por todo ello, criticaron la previsión de los organizadores de este proceso, a quienes acusaron de “no dar certeza” y de marcar unas reglas que “no estuvieron claras”, lo que generó desconfianza entre la ciudadanía en un modelo que “no funciona”.

Ante esta situación, los investigadores lanzaron varias recomendaciones para las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027: reducir el número de cargos judiciales en juego, prohibir las candidaturas únicas por parte de los tres poderes del Estado, simplificar el diseño de las boletas o tipificar como delito sacar una fotografía o video de una boleta electoral ya rellenada.

La Reforma Judicial en México levantó advertencias de organismos multilaterales como la ONU, cuyo alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que podría “socavar seriamente” la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho.