Estado de México. - Las empresas mexicanas llegan conscientes, pero todavía poco preparadas, a la transición hacia la jornada de 40 horas, con el costo de adaptación como su principal freno, según un estudio de la firma de servicios profesionales EY México presentado este miércoles.

Durante su presentación vía remota, la firma reportó que, de una encuesta aplicada a 165 organizaciones de distintos sectores del país, casi cuatro de cada diez no están preparadas para el cambio, mientras el 44 % siguen en fase de reflexión y solo cerca del 27 % ya han comenzado a actuar.

 “Hay mucho conocimiento, o sea, están alertas, están informados, pero hay poca acción”, resumió Luis Peña, socio líder de People Advisory Services de EY México, al explicar que el debate ya no está en si la reducción de jornada ocurrirá, sino en cómo implementarla.

La reforma constitucional fue publicada el 3 de marzo de 2026 y establece una reducción gradual de la jornada: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, sin disminución de salarios o prestaciones.

La misma reforma dispuso que el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas por semana, distribuibles en hasta cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días, y prohibió ese tipo de labor a personas menores de 18 años.

En este sentido, el estudio añade que el 71 % de las empresas encuestadas opera con tiempo extraordinario de manera constante, lo que revela que, para muchas, el reto no será solo pasar de 48 a 40 horas, sino ajustar esquemas reales de operación que hoy superan incluso el límite legal vigente.

Además, el estudio reflejó que “sin transición, puede aumentar la presión operativa y financiera” para las empresas, ya que “reducir la jornada sin corregir esta dependencia puede presionar el margen”.

Otra presión legal sobre las empresas radica, según EY, en cómo se armonizarán esos límites con la Ley Federal del Trabajo y demás leyes secundarias sobre el Seguro Social, así como los controles que deberán aplicarse para medir la jornada efectiva.

Desde la óptica laboral, la firma añadió que las empresas no solo tendrán que revisar turnos, sino adecuar contratos individuales, reglamentos internos y políticas de tiempo extraordinario, además de prever negociaciones con sindicatos y la forma en que comunicarán los cambios a sus trabajadores.

Uno de los focos sensibles, advirtió EY, es que en algunos sectores hay pagos extraordinarios que en la práctica se han vuelto habituales, por lo que cualquier modificación podría generar exigencias de compensación y nuevos litigios si no existe congruencia entre la operación real y la documentación laboral.

Aparte, se identificó el costo potencial de esta transición como la principal barrera, pues el 85 % de las compañías teme el impacto presupuestal; 60 % ve falta de información; 55 % teme una caída en productividad, y 40 % anticipa dificultades vinculadas con sindicatos.

Frente a ello, la consultora sostuvo que las empresas que sí avanzan no están limitando su respuesta al cumplimiento regulatorio, sino que están usando la reforma para revisar su operación, negociar preventivamente y rediseñar procesos.

Ese grupo, añadió, ha observado mejores resultados en retención, productividad, atracción de talento y satisfacción laboral.