• El dictamen recibió apoyo de legisladores de Morena y Partido Verde Ecologista de México; en contra se manifestaron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
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Estado de México. - Las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del
Senado de la República aprobaron, con 24
votos a favor y 11 en contra, la reforma electoral conocida
como el “Plan B”.
El dictamen busca permitir la
campaña de la Presidenta de la República en la revocación de mandato, que
podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, coincidiendo con las
elecciones intermedias. También pretende establecer límites al número de
regidurías de los municipios, al presupuesto de los congresos estatales y a los
ingresos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de sus
homólogos en las entidades.
El dictamen hizo ajustes a la
reforma enviada por la presidenta Claudia de Sheinbaum, quien inicialmente
propuso erradicar la paridad de género en los cargos
municipales; el documento discutido y aprobado este martes hace
precisiones respecto al límite de las regidurías de los municipios del país,
así como para añadir los principios de paridad, igualdad sustantiva y
perspectiva de género en la redacción de las disposiciones.
Destacó la ausencia de legisladores del PT para debatir
y votar. El Partido del Trabajo ha manifestado su inconformidad
de igualar la revocación de mandato con las elecciones intermedias, ya que el o
la mandataria en turno podrían desequilibrar la promoción y llamado al voto.
·
La
Reforma
De acuerdo con el dictamen, la
modificación al artículo 35 constitucional establece que podrá solicitarse la
revocación de mandado de la persona titular del Ejecutivo Federal en una sola
ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión de su segundo o
tercer año del periodo constitucional, proceso que se realizará el primer
domingo de junio del tercer o cuarto año de ese mismo ejercicio.
En ese mismo artículo se añade
que la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto
a su favor en los términos que establezca la ley de la materia, mientras que se
prohíbe el uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con
fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de
mandato.
También plantea que, durante
los sesenta días anteriores a la jornada para la revocación de mandato, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno.
La modificación al artículo
115 de la Constitución General fija el límite de una sindicatura y hasta quince
regidurías en la integración de los ayuntamientos del país, de conformidad con
los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de
género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder
público municipal.
El límite del presupuesto
anual de las legislaturas locales se plantea con la reforma al 116
constitucional, que estipula que las constituciones estatales deben establecer
que dicho presupuesto no debe exceder del cero punto setenta por ciento del
presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, la disposición
precisa que se deberán garantizar los principios de paridad, igualdad
sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los
órganos legislativos locales.
Por último, la reforma al
artículo 134 de la Constitución Política precisa que las remuneraciones de
consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de las secretarías
de órganos administrativos y de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del
Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los
tribunales electorales de las entidades federativas no podrán exceder de la
remuneración que percibe el presidente de la República.
Tampoco podrán adquirir o
contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de
pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro
especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas
por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones
generales de trabajo.
·
Posturas
políticas
La senadora de Morena,
Guadalupe Chavira de la Rosa, argumentó que los ejercicios para la revocación
de mandato son parte de los ejercicios democráticos en varios países, y subrayó
que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sea de las mandatarias mejor
evaluadas del mundo “no debemos confiarnos y pecar de soberbia” por lo que se
debe someter a ese procedimiento.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN,
señaló que esta es la iniciativa de reforma constitucional “más pobre” que ha
remitido la Presidencia de la República al Senado, pues se le corrigieron
diversos errores de origen y no atiende los problemas de la intervención del
narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación en el Congreso.
El senador Luis Alfonso Silva
Romo, del PVEM, defendió que la reducción de gastos y privilegios que propone
la modificación constitucional puede generar recursos para infraestructura y
para programas sociales, además de que abona a la democracia en México,
contrario a lo que ocurre en otros países, donde, lamentó, se “apuesta por el
pragmatismo y la violencia”.
Por el PRI, Claudia Edith
Anaya Mota criticó que la reforma tiene la intención de “mancillar la
Constitución” al “trastocar” sus principios republicanos y federalistas;
subrayó que la Carta Magna nació de un “acuerdo entre plurales”, pero esta
modificación es una “imposición de la voluntad” de un partido político que no
abona a construir un Estado con visión de futuro.
Luis Donaldo Colosio Riojas,
de Movimiento Ciudadano, acusó que el proyecto de reforma “no busca fortalecer
la democracia ni la participación ciudadana”, sino que “vulnera” el federalismo
al imponer desde el gobierno federal un máximo de regidurías en los municipios,
además de que “raya en la simulación y apesta a censura”, pues la restricción
del uso de tiempos oficiales para promover la revocación de mandato no
aplicaría a la conferencia mañanera de Presidencia.
La presidenta para la Igualdad
de Género, Martha Lucía Micher Camarena, entregó una propuesta para definir en
la exposición de motivos del dictamen, que se consolida la igualdad sustantiva,
perspectiva de género y paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal y
legislativo local, argumentación que las y los integrantes de las Comisiones
aprobaron incluir en el dictamen del asunto.