• El gobernador cuestiona su “estatura moral”, lo acusa de denostar a la institución y lo reta a presentar pruebas.
La Paz, Baja California Sur.- Tras los
señalamientos realizados por el exsubprocurador Bernardo Soriano Castro sobre
presuntos esquemas de cobro de piso y posibles actos de colusión en Baja
California Sur (BCS), el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío respondió con
una crítica frontal hacia el exfuncionario, a quien acusó de incongruencia y
resentimiento.
Cuestionado por Diario El
Independiente, el mandatario estatal reprochó que Soriano haya permanecido
siete años como subprocurador sin denunciar públicamente esas situaciones y
ahora, fuera del cargo, haga acusaciones contra la institución que —dijo— le
dio trabajo y lo mantuvo en funciones durante varios años.
Señaló que esa conducta refleja su
“estatura moral” y afirmó que “a veces la miseria humana llega a esos niveles”,
al considerar que se trata de descalificaciones sin sustento. También sostuvo
que hay exfuncionarios que, tras dejar el poder, comienzan a emitir discursos
“sin pruebas”, movidos —según expresó— por resentimiento u odio.
Castro Cosío retó directamente al
exsubprocurador a presentar pruebas objetivas que respalden sus afirmaciones y
aseguró que cualquier aseveración debe plantearse con evidencias. Insistió en
que su gobierno ha combatido la corrupción “donde se presente”, sin importar
partido o institución, y reiteró que no permitirá irregularidades.
El mandatario también defendió a las
instituciones de seguridad y señaló que en el país existe una narrativa que
—desde su perspectiva— tiende a criticar más a los gobiernos que a los grupos
criminales. En ese contexto, informó que tras hechos recientes en Bahía
Tortugas se reforzará la coordinación en materia de seguridad, incluso con el
estado vecino de Baja California.
·
Contexto
Bernardo Soriano se desempeñó durante
siete años como Subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Posteriormente fue
designado director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, cargo del
que fue separado recientemente tras sus declaraciones públicas en un medio
local sobre presuntos esquemas de cobro de piso y posibles actos de colusión.
Las declaraciones han intensificado el
debate político en la entidad, al tratarse de señalamientos formulados por un
exfuncionario que tuvo responsabilidades directas en la investigación de
delitos de alto impacto.