En reiteradas ocasiones, y a través de pláticas coloquiales con amigos, les he reiterado la importancia que reviste un país productivo.

De manera especial en lo que se refiere a la producción del campo.

Porque un país entre más produce, no solamente cuenta con un pueblo próspero y sin hambre, sino satisfecho.

Mientras que al mismo tiempo fortalece su existencia y soberanía.

Hago esta introducción, para hacer hincapié en la intención que hoy tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer al campo.

Lo que yo he dado en llamar: Justicia para el Campo.

Y no es para menos. Pues en los últimos tiempos, hemos tenido suficientes noticias sobre la penosa situación por la que están atravesando los productores del campo en México.

Y esta, por consecuencia, se ha caracterizado por una intensa lucha por mejores precios para sus productos.

Aquí vale decir que su lucha, la de los productores, tiene mucho que ver con la gestión de sus concesiones.

Pero obviamente los hombres del campo han centrado su demanda en conseguir mejores precios de garantía.

Principalmente del maíz, del sorgo y el limón.

Y lo dicen por qué.

Es decir, argumentan que todo se debe a la caída de precios internacionales, a los altos costos de producción y a la falta de acuerdos satisfactorios con las autoridades.

Es más, por citar solo un dato, los agricultores exigen un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, argumentando que sus costos de producción superan los 5,600 pesos, mientras que la oferta industrial y gubernamental ha rondado entre los 5,000 y 6,050 pesos, lo que consideran insuficiente para la subsistencia y rentabilidad.

Luego entonces, la inconformidad los ha obligado a realizar movilizaciones y bloqueos en carreteras de cuando menos 20 estados de la república.

Dije bien, que la presidenta ha tomado el asunto muy a pecho y qué bueno, pues ya hacía falta una normativa, digamos, más directa, toda vez que, sabemos que ya existen algunas leyes que tienen que ver con el campo.

Sin embargo, hace falta una ley que concretamente alivie los males de los productores en todo lo que tiene que ver con su quehacer en el medio rural.

Dicho en pocas palabras, la presidenta, habla pues, de lo que sería la Ley para Proteger al Campo.

Una ley a través de la cual se procure no solamente la sustentabilidad y el bienestar de los productores, sino que tienda sobre todo a fomentar la producción.

En síntesis, no debemos olvidar la importancia que reviste la soberanía alimentaria, al igual que la reordenación del agua.

Ahora bien, es de vital importancia que los apoyos que sean destinados al campo, se vayan directo a los productores.

¿Por qué?

Para que no suceda lo que antes, cuando los apoyos pasaban de mano en mano desde arriba hasta abajo, y cuyos recursos eran tan “ordeñados” que al final de cuentas solo una miseria le llagaba al campesino.

Entonces, que bueno sería que los pequeños y medianos productores ya no sigan considerando insuficiente el apoyo para la subsistencia y la rentabilidad, ya que por eso sufrimos todos por los altos costos de los productos.

Ah, por cierto.

No escuché nada sobre seguridad para los hombres del campo.

Ojalá y la seguridad para ellos también sea plasmada en ese documento, porque no olvidemos que la delincuencia organizada tiene sus ojos puestos en ellos.

Las pruebas ya se han dado, especialmente con los productores de limón.

Cuestión de tiempo.