El exalcalde de Los Cabos, Oscar Leggs y su extesorero, José Martín Talamantes Geraldo, cumplieron ya un año de su primera cita a audiencia judicial a la que no acudieron pues ambos presentaron un justificante médico para no asistir. Los dos son señalados por su presunta comisión del delito de “abuso de autoridad por simulación”.

A un año de este evento y prácticamente ya sumidos en un proceso político con miras a la sucesión del 2027, aún no se sabe con certeza cuál será el destino legal y político de ambos exfuncionarios cabeños.

Bajo la lupa de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, los ex funcionarios tendrán que enfrentar la acción de la justicia y demostrar que las acusaciones no tienen sustento. Sin embargo, al respecto el fiscal Lennin Ortíz Amao, ha señalado que existen suficientes elementos para someter a proceso judicial a los referidos ex funcionarios cabeños.

Por supuesto a doce meses de distancia de aquella primera cita, el entorno político y social es otro.

Ahora hay más aspirantes a los diversos puestos de elección que han evidenciado sus pretensiones.

Pero el tema judicial de estos y otros exfuncionarios, seguramente volverá a estar en las mesas de discusión política.

Habrá que dejar bien en claro, por ejemplo, si la exdirectora del INVI, Fernanda Villareal, ya está completamente exonerada por la autoridad y desde luego por la sociedad, como para buscar figurar en el próximo proceso electoral a pesar del desorden administrativo registrado durante su gestión en la referida institución estatal.

Obviamente la misma lógica de análisis aplica para el exalcalde de La Paz, Rubén Muñoz, que también está bajo proceso judicial y todos los días expresa sus intenciones de figurar políticamente en las elecciones del 2027.

En lo que es la primera vez que dos ex alcaldes están prácticamente al mismo tiempo sometidos a un proceso de esta naturaleza por la actual fiscalía anticorrupción, refleja claramente el pésimo nivel administrativo que encabezó el ahora exalcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro y en La Paz, Rubén Muñoz.

Habrá que estar atentos al desempeño de esta actividad de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, la misma que como ya se informó en su momento, también vinculó a proceso judicial a ex funcionario del Instituto Estatal de Vivienda y sus cómplices que fueron llevados tras las celdas.

Sobre la posibilidad de que los referidos exfuncionarios sean castigados por la justicia, vale la pena resaltar lo que al respecto ha señalado el titular de la referida Fiscalía Anticorrupción, Ortíz Amao: “Nosotros desde que tenemos la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, los asuntos que hemos llevado y que judicializamos, en todos hemos tenido la vinculación a proceso y esto es porque hacemos una investigación seria para efecto de que si vamos con un juez es porque tenemos datos de prueba suficientes”.

Por lo pronto a un año del primer año de que se iniciaron estos procesos judiciales, veremos cómo estos exfuncionarios (y los que se pudieran sumar) a pesar de ello, insisten en figurar políticamente hacia el 2027 en una clara y abierta apuesta a la amnesia colectiva y social, para así llegar de nuevo a la posibilidad de administrar otra vez, recursos públicos desde alguna posición de las que estarán en juego en la próxima jornada electoral.

Ya veremos.