• El partido busca que colectivos de madres buscadoras sean reconocidos como actores del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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Estado de México. -
El Partido del Trabajo retomó en el Congreso de la Unión una de las
medidas que quedaron pendientes en la reforma que este 2025 se concretó en
materia de desapariciones: reconocer a los colectivos de las madres buscadoras como
actores del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En la primera sesión de la
Comisión Permanente de este miércoles, dedicada a la presentación de
iniciativas, la senadora petista Giovanna Bañuelos de la
Torre propuso la adición de un nuevo capítulo a la Ley General
correspondiente.
Expuso la legisladora del PT,
partido aliado de Morena, que la desaparición es “una tragedia nacional que se
vive en ausencias prolongadas, en búsquedas que no terminan y en familias que
viven en la angustia y en la incertidumbre de manera permanente”.
Desde la tribuna de San
Lázaro, sede de la Comisión Permanente en este periodo de receso de las
cámaras, la senadora describió que las madres buscadoras documentan, recorren
territorio, levantan información, acompañan diligencias y exigen justicia.
Reseñó Giovanna Bañuelos que,
en Zacatecas, los datos oficiales confirman más de 3 mil 800 personas
desaparecidas o no localizadas, particularmente en los municipios de
Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez.
“En muchos de los casos de
localización de fosas clandestinas y restos humanos, la participación de los
colectivos de madres buscadoras ha sido claro. Esta iniciativa responde a esta
deuda, propone reconocer a los colectivos de las madres buscadoras como actores
fundamentales y auxiliares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en
razón de su contribución a la localización de personas desaparecidas y no
localizadas, así como la construcción de verdad, memoria y justicia”, argumentó
la parlamentaria.
El reconocimiento de las
madres buscadoras como parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es un
punto que quedó pendiente en el debate que al respecto se realizó en 2025,
según declaraciones que entonces hicieron portavoces de los propios colectivos
y legisladores de oposición.