La Paz, Baja California Sur. - Las y los parlamentarios de la XVII Legislatura aprobaron en sesión extraordinaria la iniciativa presentada por los diputados Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, mediante la cual se crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California Sur (BCS), armonizándola con la Ley General recientemente emitida por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la nueva normativa, quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para un tercero, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico, será sancionado con 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA. Además, las penas previstas podrán aumentar de 4 a 8 años adicionales según lo establecido en el artículo correspondiente.

Esta legislación tiene como propósito establecer el tipo penal básico aplicable en toda la República, así como sus sanciones, agravantes y delitos vinculados. También define reglas y procedimientos para la investigación, persecución y ejecución penal; y establece acciones, programas y políticas transversales que las autoridades deberán implementar para la prevención efectiva de la extorsión. Todo ello bajo los principios de actuación inmediata, eficiente, imparcial, profesional y sin discriminación por razón de sexo u otra condición.

Con esta aprobación, Baja California Sur fortalece su marco jurídico para combatir la extorsión, precisando competencias, procedimientos y sanciones, y consolidando la coordinación interinstitucional necesaria para prevenir y perseguir un delito que afecta a familias, comercios y sectores productivos.

La nueva ley establece que el delito de extorsión deberá investigarse y perseguirse de oficio, además de crear mecanismos integrales para su atención, investigación y sanción.

Durante la discusión en lo particular, se aprobaron las reservas presentadas por el diputado Eduardo Van Wormer a los artículos 3, 4 y 8, así como a los artículos transitorios segundo, cuarto y séptimo. Las modificaciones armonizan la ley estatal con el marco jurídico nacional en materia de extorsión, precisan competencias entre los órdenes de gobierno, fortalecen la coordinación institucional y garantizan el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se actualizan diversas disposiciones transitorias para otorgar certeza jurídica y se fija un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, que será clave para atender a las víctimas y canalizar investigaciones con oportunidad y eficacia.