La Paz, Baja California Sur. - Para el fortalecer la profesionalización, la transparencia y la supervisión de los agentes inmobiliarios en Baja California Sur, protegiendo los derechos de las y los usuarios y asegurando el patrimonio ciudadano, la diputada Karina Olivas presentó iniciativa con proyecto de decreto que, desde hoy, analiza la comisión de Desarrollo Urbano Infraestructura y Obra Pública del Congreso del Estado.

Propone reformas que refuerzan la certificación, registro y licencia de agentes inmobiliarios; establecer la capacitación anual obligatoria; imponer sanciones claras por operar sin licencia; promover la publicación del padrón de agentes; facilitar los trámites remotos y fortalecer el Consejo Estatal de Agentes Inmobiliarios.

Durante su intervención, la abanderada del PT arguyó que su propuesta, es a raíz de reunirse con integrantes de la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI) y la Asociación Nacional Profesionales y responde a la urgente necesidad de adaptar el marco normativo ante las nuevas realidades, el crecimiento acelerado y la complejidad del sector inmobiliario en la región, al establecer mecanismos claros de certificación, capacitación continua, sanciones y facilidades para trámites remotos.

Asimismo, contribuye a consolidar un mercado más confiable, competitivo y alineado con las tendencias nacionales e internacionales, promoviendo además la regularización de agentes informales.

Y es que, el sector inmobiliario en sí mismo, como actividad económica, muestra un alto grado de especialización en el estado y se considera un motor de la economía local, generando más de 1,500 millones de dólares al año en ventas de lujo.

Es de destacar que, en los últimos tres años, el número de licencias expedidas para agentes inmobiliarios en Baja California Sur ha aumentado de 300 a 700, reflejando el crecimiento y la profesionalización del sector.

Este crecimiento acelerado en los últimos años, impulsado por la demanda nacional e internacional, especialmente en destinos turísticos como Los Cabos y La Paz ha traído consigo retos en materia de regulación, profesionalización y fiscalización de los agentes inmobiliarios, así como la necesidad de proteger los derechos de los usuarios y garantizar la transparencia en las operaciones.