La Paz, Baja California Sur.- Durante seis meses del 2025, los pescadores y acuicultores de Baja California Sur (BCS) permanecieron sin seguro de vida. Entre marzo y septiembre, el programa estatal que los ampara no tuvo aseguradora vigente, debido a la baja respuesta de empresas a las convocatorias de licitación pública.

Así la póliza más reciente fue firmada el 26 de septiembre de 2025, con vigencia hasta el 26 de septiembre de 2026, a cargo de la aseguradora Patrimonial Vida S.A. de C.V.

Consultado sobre este lapso, Yoshio Lucero, director operativo de la Secretaría De Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada), reconoció la interrupción del servicio. “Antes de esa fecha no había aseguradora”, dijo.

Aclaró que, al concluir la póliza anterior en diciembre de 2024, se acordó “una extensión de dos meses” para evitar la suspensión total, por lo que en la práctica el periodo sin cobertura fue de, aproximadamente, seis meses.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur establece el marco general para contratar servicios públicos, como el seguro de vida para pescadores. Define la secuencia del procedimiento y quién interviene en cada etapa, aunque los tiempos concretos se determinan en cada convocatoria que emite la Secretaría de Finanzas.

El seguro cubre 100 mil pesos por fallecimiento y 50 mil por invalidez total o permanente, con un presupuesto anual de tres millones de pesos para 2025. Su objetivo es brindar apoyo económico a familias de pescadores que fallecen dentro o fuera de labor.

De acuerdo con Mario Armenta, subsecretario de Pesca de Sepada, el programa “va año con año; las aseguradoras hacen su propuesta para la licitación y gana quien cumple con todos los requisitos”.

Explicó que el proceso “no depende de Sepada, sino del área de licitaciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado”, por lo que la dependencia únicamente aporta el padrón de beneficiarios y coordina la relación con las aseguradoras.

En la práctica, cada ejercicio fiscal implica un nuevo contrato y, casi siempre, una nueva empresa adjudicada. “Hay años en los que sólo participa una aseguradora. Otras veces son cinco o seis. Es complicado porque las empresas ven mucho riesgo en asegurar a pescadores”, explicó Armenta. Esa percepción de alto riesgo limita la competencia y provoca retrasos en la adjudicación.

Las consecuencias recaen directamente sobre los pescadores. En Comondú, miembros de cooperativas confirmaron que el seguro empieza cada año, pero hay un lapso de meses donde no hay cobertura.

Presupuesto y aseguradoras

Desde su creación, el programa ha oscilado entre los 2 y 3 millones de pesos anuales, con variaciones en el número de asegurados. En 2019-2020 alcanzó su mayor cobertura histórica, con 4 mil 984 pescadores asegurados y un año antes en 2018-1019 se alcanzó la cifra más alta del costo de la póliza por 3.24 millones de pesos. En 2025, la cifra se redujo a  mil 174 beneficiarios, pese a que el presupuesto volvió a los niveles más altos de su historia.

El costo por persona se ha incrementado como resultado de una combinación de factores: el envejecimiento del padrón, los antecedentes de siniestralidad durante la pandemia y los criterios más estrictos de las aseguradoras.

Armenta precisó que “el presupuesto autorizado es de aproximadamente tres millones de pesos, pero la aseguradora puede ofertar un costo menor. Ese sobrante se reasigna a otros apoyos del sector”, es decir que el presupuesto total se autoriza, pero el gasto real se ajusta al fallo de licitación.

Cobertura insuficiente y metas incumplidas

El monto de 100 mil pesos por fallecimiento, vigente desde 2016, se ha mantenido sin actualización pese a la inflación y el aumento de los costos funerarios. Asegurados entrevistados refirieron que el monto de la indemnización les alcanza en buena parte para los gastos funerarios.

El diputado Venustiano Pérez Sánchez, integrante de la Comisión de Pesca del Congreso estatal, reconoció el carácter limitado del programa: “Las coberturas son precisas y limitadas a su objeto: solventar los primeros gastos. Es deseable que se complementen con otras prestaciones, como las que deberían ofrecer las cooperativas mediante el Seguro Social”.

Al preguntar directamente a la diputada María Guadalupe Saldaña Cisneros representante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Baja California Sur, no se obtuvo respuesta alguna sobre posicionamiento respecto al seguro de vida de pescadores.

El propio Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura establece una meta anual promedio de 3 mil asegurados, pero actualmente el padrón apenas alcanza mil 174 registros. “Seguimos trabajando en el campo para identificar nuevos beneficiarios”, comenta Armenta.

Entre las causas de la reducción figuran los requisitos legales y la depuración del padrón iniciada en 2022. Lucero explicó que “muchos pescadores no tienen vigente su INE o su permiso de pesca, y sin eso no pueden entrar al programa”. También influyen las restricciones de edad: “Las aseguradoras no aceptan a personas mayores de 70 años".

Cultura de prevención y comunicación limitada

Sepada reconoce que uno de los principales retos es la baja cultura de prevención entre el sector pesquero. “Si fuera un seguro en vida, el padrón sería mucho mayor. Pero al ser un seguro por fallecimiento, cuesta más convencer a la gente”, dijo Armenta, en donde dialogar con el sector pesquero sobre decisiones que implican la muerte puede ser un proceso difícil del que muchos deciden no involucrarse. En cambio un seguro de vida que pueda ofrecer consultas médicas continúas, rehabilitación física, prótesis o inclusive trasplante de órganos podría generar mayor participación del sector, reflexiona el funcionario.

Desde las cooperativas, las observaciones se centran en la falta de información previa sobre los términos de contratación: “Cada año cambia la aseguradora y cambian los requisitos. No hay una plática previa para explicarnos las cláusulas”, expresó el vocero financiero de una cooperativa de producción pesquera de Comondú quien pidió reservar su nombre por miedo a represalias.

Otro dirigente agregó: “Nos gustaría que hubiera una reunión previa a la licitación, donde nos indiquen las edades límite y cláusulas. Así no quedarían tantos fuera".

En comunidades pesqueras, los testimonios confirman que el seguro sí ha cumplido con los pagos cuando se presentan fallecimientos con un máximo de 60 días como lo establece en las licitaciones.

Un programa permanente, pero con limitaciones estructurales

La reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobada en diciembre de 2024, convirtió al seguro de vida en una política pública permanente lo que garantiza continuidad administrativa, no incremento presupuestal. “Ya no depende de la voluntad del gobierno, sino que está garantizado por ley”, destacó el diputado Pérez Sánchez.

Sin embargo, la reforma no modificó las condiciones operativas del programa: las indemnizaciones se mantienen, la licitación continúa siendo anual y los periodos sin cobertura se repiten.

“En materia de seguros, lo importante no es si es mucho o poco dinero, sino tener el servicio vigente”, resumió Armenta. Pero garantizar esa cobertura sigue siendo uno de los principales desafíos.

Propuestas de mejora

Desde el sector pesquero entre cooperativas y la Federación del Golfo de Ulloa se ha planteado la posibilidad de establecer un fideicomiso o fondo estatal que permita contratar pólizas multianuales o utilizar los recursos no ejercidos para fortalecer la cobertura.

“En su momento pensamos en un fideicomiso o fondo. Se podría crear un fondo estatal administrado con un comité de vigilancia, que usara el dinero no ejercido y lo hiciera crecer año con año”, propusieron.

Mientras tanto, el programa continúa operando con las mismas condiciones que hace nueve años. “No pedimos que desaparezca; queremos que mejore”, resumen representantes del sector pesquero. “No se trata solo de apoyarnos cuando morimos; se trata de proteger la vida mientras trabajamos".

* Este artículo fue publicado originalmente en Causa Natura Media.