La Paz, Baja California Sur. - La diputada Karina Olivas Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa para reformar los incisos A), B) y C) de la fracción III del artículo 20 de la Ley de Derechos y Productos del Estado, con el objetivo de reducir los costos asociados a las licencias y refrendos para agentes inmobiliarios en la entidad.

Esta propuesta surge como respuesta a la creciente preocupación del sector inmobiliario respecto a las altas tarifas que actualmente se cobran por la expedición y renovación de licencias. La iniciativa fue resultado del trabajo conjunto con la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de La Paz, quienes han expresado su interés por elevar la calidad del servicio, profesionalizar el gremio y combatir la informalidad en el sector.

Actualmente, Baja California Sur presenta uno de los costos más altos del país para obtener una licencia inmobiliaria, alcanzando los 10 mil pesos, en contraste con estados como Sonora, donde el trámite es gratuito, o entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, donde los costos oscilan entre 2 mil 250 y 4 mil 800 pesos. En el caso de Quintana Roo, entidad con características similares en cuanto a desarrollo turístico e inmobiliario, los costos van de 3 mil a 5 mil pesos.

La alta carga económica limita el acceso de nuevos agentes al sector formal, fomenta la competencia desleal y genera un entorno propenso a la informalidad y los fraudes, lo que pone en riesgo la confianza de inversionistas y usuarios. La reforma propuesta por la legisladora plantea reducir el costo de la expedición de licencia a 5 mil pesos, el refrendo anual a mil pesos y la expedición de la identificación y registro de asesores inmobiliarios también a mil pesos.

La modificación busca facilitar el ingreso de nuevos profesionales, en particular jóvenes, personas en reconversión laboral y pequeños emprendedores, además de promover un entorno competitivo, seguro y profesional. De igual manera, responde al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los cobros por derechos deben estar justificados por el costo real del servicio, evitando tarifas desproporcionadas.