La Paz, Baja California Sur. - Con la finalidad de ubicar el delito de despojo o invasión de un predio como susceptibles de sanción penal, buscando tutelar el bien jurídico de la fe pública que otorga el estado a los notarios y que con ello, los que ostenten una patente de notario en el Estado de Baja California Sur lo hagan de manera adecuada y apegada a la legalidad, el diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó al pleno iniciativa que busca reformar y adicionar los artículos 247,248, 251, 362 BIS y 363 TER del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de BCS.

“… que sean sancionados penalmente y les sea cancelada la patente de notarios con lo cual ya no podrían ejercer dicha función, ni por la notaria misma a través de sus suplentes, y además respondan por los daños y perjuicios causados por su actuar, de faltar a los delitos mencionados”, afirmó el legislador.

Precisó que en la hipótesis respecto al desvío de aguas ajenas se agrega, el uso, disfrute y aprovechamiento de dichas aguas; respecto a la hipótesis de agravación del delito cuando se realice con violencia física o moral, se agrega la conducta mediante el rompimiento de cerraduras, o el forzado de puertas y ventanas; así mismo, en el artículo de agravantes se añaden ocho hipótesis nuevas.

El promovente indicó que, adicionalmente se propone agregar al Código Penal, dentro de los delitos contra la fe pública, el tipo penal de ejercicio ilícito de la función notarial y de falsedad de particulares contra la fe pública, para que se sancione a los notarios sean titulares y suplentes, así como a todo aquel ciudadano que se presten de manera, a darle forma legal a hechos o actos jurídicos ilícitos.

Pérez Sánchez solicitó a la comisión dictaminadora realice foros y espacios de parlamento abierto con todas las autoridades que norman el tema de la propiedad en el estado y sus municipios, con autoridades de procuración e impartición de justicia, colegios de notarios, ciudadanos y agrupaciones víctimas de estos delitos, a fin de que este ampliamente consensada y sirva a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de los sudcalifornianos.