Estado de México. - La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) llamó al Estado a reforzar las políticas públicas para garantizar el derecho a una alimentación saludable, al advertir que el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública del país.

La ASA, integrada por organizaciones civiles, especialistas y profesionales de la salud, advirtió que México enfrenta una “crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes”, donde millones de personas carecen de acceso a alimentos nutritivos y agua potable, mientras que los refrescos y alimentos ultraprocesados continúan expandiéndose incluso en las comunidades más vulnerables.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación 2025, afirmó que México se mantiene entre los mayores consumidores de refrescos del mundo, con un promedio anual de 166 litros por persona, de acuerdo el Inegi y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Las bebidas azucaradas, recordó, no aportan valor nutricional y están asociadas al desarrollo de diabetes tipo 2, obesidad e hipertensión.

Un estudio publicado este año en la revista Nature Medicine estimó que más de 230,000 nuevos casos de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en México se atribuyen directamente al consumo de estas bebidas, equivalentes a un 30% de los casos de diabetes y al 13.5% de las enfermedades del corazón.

Si bien celebró medidas como el etiquetado frontal de advertencia, la prohibición de grasas trans y la regulación de publicidad dirigida a la infancia, la ASA señaló la persistencia de lagunas en la fiscalización de la industria alimentaria y la falta de mecanismos que aseguren que los ingresos del impuesto a refrescos se reinviertan en salud.

Desde su implementación en 2014, este impuesto ha generado reducciones en el consumo, especialmente en los hogares de menores ingresos, y beneficios económicos estimados en hasta 983 millones de dólares por ahorros en atención médica, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que proyecta además la prevención de más de 20,000 infartos y 19,000 muertes en los próximos años.

La alianza pidió actualizar la tasa fiscal a por lo menos un 20% del precio final -alrededor de 7 pesos por litro- y garantizar que los recursos se destinen a programas de prevención de enfermedades y acceso a agua potable.

“El impuesto a las bebidas azucaradas no debe verse solo como una medida fiscal, sino como una herramienta de justicia social y ambiental”, sostuvo la organización, al insistir en que su fortalecimiento, junto con entornos escolares saludables y acceso universal a alimentos y agua segura, es indispensable para garantizar un futuro más saludable para México.

El miércoles, legisladores aprobaron cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y bebidas azucaradas que se incrementa de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro, lo que elevará el precio de estos productos 20.5%.