Muy buenos días estimable Lector, gracias, muchas gracias por continuar prefiriendo este su Diario El Independiente.
Inicio esta columna comentando a
Usted; El estado moderno debe sustentase en los conceptos de libertad y
democracia, régimen constitucional y Estado de Derecho. Este último es el que
corresponde a la organización que la sociedad hace de los poderes públicos,
permitiendo que los asuntos de justicia, seguridad y derechos humanos se encuentren
plasmados en las leyes generales. Estado de Derecho significa imperio de la
Ley; que la actuación de toda persona y de cualquier autoridad se sujetan a la
Ley; que las personas ven salvaguardados sus derechos fundamentales frente al
poder público y que las controversias emanadas de la diferencia entre
particulares encuentren cauces legales para su solución conforme a Derecho.
Bajo este contexto: en el Estado de
Derecho, la justicia entraña primordialmente el acato y aplicación de la Ley,
toda vez que la justicia que se comenta en la distribución de cargos o de
acceso al disfrute de bienes materiales es apreciada como un asunto de
desarrollo social; la seguridad publica radica básicamente en la generación y
preservación de condiciones para la convivencia sin el agravio del delito, y
los derechos humanos representan exigencias para la actuación del poder público
con relación a las personas.
En este sentido: Actualmente la
referencia al Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la
República, el Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos es necesaria para plantear las cuestiones de justicia,
seguridad y derechos humanos. Ello obedece en gran medida a que se aplicara la
Ley y habrá justicia, se superara la inseguridad y se consolidara el respeto a
los derechos fundamentales cuando esas instituciones alcancen sus fines. Para
una mejor aplicación en el año de 1994 se introdujeron modificaciones a la
carta magna para establecer que la seguridad pública es corresponsabilidad de
los tres poderes de Gobierno, los cuales deberán actuar coordinadamente en
beneficio de todos los habitantes del País, al tiempo que los principios de
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, deben regir la actuación de
las corporaciones e instituciones encargadas de administrar justicia.
La seguridad pública es un tema de
primer orden para nuestra sociedad. El Estado tiene la obligación y función
fundamental de brindar seguridad a los ciudadanos en su integridad, su familia
y patrimonio. Es preciso señalar que no puede apreciarse exclusivamente bajo
una perspectiva policial; es necesario desentrañar los orígenes, causas y
efectos del delito, por ello es urgente se pronuncie e impulsen la adopción de
un programa especial e integral de prevención del delito con la participación
de las diversas organizaciones de la sociedad civil y los sistemas de educación
pública y privada.
Concluyo: México hace tiempo dejo de
ser País en el cual la droga transitaba hacia los países de consumo, ahora
tenemos que reconocer que en México el consumo ha encontrado adictos es
sectores frágiles, sobre todo en lo que más nos duele, como nuestra juventud e
incluso infantes en lo general.