• Entre ellas, FOIS La Paz, Los Cabos, Municipio de Loreto, ITES La Paz y de la CEDH, en contraste, aprobó la de OOMSAPAS Mulegé y del Consejo de la Judicatura. • En el debate, previo a la votación, la diputada Lupita Saldaña tomó la tribuna para reconocer el trabajo de la Auditoria Superior del Estado, que presentó a detalle la supervisión de las obras, una revisión exhaustiva de las obras en la auditoria física, al igual que su homólogo Fabrizio del Castillo Miranda.
La Paz, Baja California Sur. -
La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS), no
aprobó las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal de 2023, ejercida por el
Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de los municipios de La Paz, Los
Cabos, del Municipio de Loreto, la Universidad Tecnológica de La Paz y la CEDH
como resultado de la opinión legal y técnica emitida por la Auditoría Superior
del Estado (ASEBCS).
En contraste, sí aprobó la
cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 ejercida por el Organismo Operador
Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del
municipio de Mulegé, con las salvedades cuyos términos quedaron asentados en el
cuerpo del dictamen, así como del Consejo de la Judicatura.
En ese sentido, instruyó a los
fideicomisos citados, a que realice las acciones y medidas que resulten
necesarias en las áreas internas encargadas de la administración, manejo y
ejercicio de los recursos públicos, para cumplir con las recomendaciones realizadas
por la Auditoría Superior del Estado y evitar su reincidencia respecto de las
omisiones detectadas en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2023 de dicho ente público.
También para que en lo
conducente, se ajuste a lo dispuesto en los títulos y capítulos respectivos de
la determinación de daños y perjuicios, y del fincamiento de responsabilidades
previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja
California Sur, conforme los tiempos y periodos en que se ejerció el gasto
público, para lo cual deberá presentar las denuncias penales y administrativas
correspondientes, e incluso tramitar el procedimiento de investigación de
faltas administrativas, a efecto de deslindar responsabilidades por los hechos
y omisiones aquí relatados y otros que deriven de las investigaciones que se
realicen, y procurar la indemnización o reparación de los daños que en su caso
se haya causado al patrimonio del ente público fiscalizado.
En el debate, previo a la
votación, la diputada Lupita Saldaña tomó la tribuna para reconocer el trabajo
de la Auditoria Superior del Estado, que presentó a detalle la supervisión de
las obras del municipio de La Paz, una revisión exhaustiva de las obras en la
auditoria física y conminó a sus homólogos a ser más estrictos para que
entreguen bien sus cuentas y llamó a los entes públicos, para que hagan acto de
presencia en la sesión para que se den cuenta de lo que se lee y se vota,
cuestionándolos por qué no entregan las cuentas a tiempo ni solventadas.
En la cuenta de Loreto, su
voto fue en contra, porque la cuenta del 2022 fue la menos observada de los
cinco municipios, destacando que, se le hicieron 64 observaciones a Loreto, y
sólo solventó dos (el Ayuntamiento que hoy gobierno); parcialmente solventadas
54; otras no atendieron ni se preocuparon por buscar algún documento, no
contestaron de manera institucional, lo cual considera grave.
El diputado Fabrizio del
Castillo Miranda también tomó la tribuna, previo a la votación de las cuentas
del municipio de Mulegé, para reconocer el trabajo de la Auditoría Superior del
Estado y al ayuntamiento de Mulegé por el trabajo realizado, encabezado por la
presidenta que sabe hacer equipo.
Al presentar el dictamen del
ejercicio fiscal 2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tampoco fue
aprobado, llamando a esta entidad pública que cumpla con las observaciones
realizadas por la Auditoría Superior del Estado.