“Los corruptos no deben seguir burlándose de la gente”, declaró el gobernador del estado Víctor Castro Cosío al reiterar que pedirá a la autoridad respectiva que investigue a fondo y se llegue a las últimas consecuencias de los presuntos malos manejos de recursos públicos detectados en el Instituto de vivienda y en la Junta Estatal de Caminos.

Como se sabe existen acciones legales contra exfuncionarios del INVI y obviamente aún algunas personalidades y servidores públicos involucrados en presuntos malos manejos de dinero de esta institución, aún están por ser presentados ante la autoridad respectiva.

Lo mismo sucede en funcionarios deshonestos detectados en la Junta Estatal de Caminos.

Obviamente estas acciones adquieren una dimensión especial ahora que a nivel nacional la evidente política de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se espera visite esta capital el próximo sábado, está enfocada en castigar a quienes han caído en actos de corrupción.

Sin embargo, como si no existiera respeto a las autoridades de la contraloría y del ámbito judicial, algunos ex colaboradores no solo se burlan de las autoridades, sino que incluso están ya insertados en proyectos políticos desde donde ahora cuestionan abiertamente a lo autoridad estatal de la que no hace mucho tiempo formaban parte.

En acciones desesperadas algunos exfuncionarios cuestionan la actual administración y otros cínicamente esperan que no haya verdaderas acciones y que las expresiones del mandatario estatal queden solo en eso y no se aplique la ley hasta las últimas consecuencias.

Está claro que la población está muy atenta a estos casos porque justamente evitar las acciones corruptas es parte fundamental del proyecto político que ahora gobierna la entidad. Por eso se espera que al final de la actual administración se presenten cuentas completamente claras y que aquellos que violentaron el orden administrativo paguen por ello.

Está claro que Castro Cosío está determinado precisamente en hacer cumplir la ley para que los funcionarios y exfuncionarios deshonestos detectados hasta ahora, vivan las consecuencias legales que implica hacer mal uso de los dineros y recursos públicos que en su momento se les confió administrar.

Veremos hasta dónde llega este asunto que además de las posibles consecuencias penales para quienes se les demuestren sus faltas, también tendrá repercusiones políticas, sobre todo para aquellos aspirantes a puestos de elección popular que presumen entre sus filas a exfuncionarios y exfuncionarias, que integraron áreas como el INVI, cuestionados ahora por su escasa calidad moral y su presunta deshonestidad administrativa.

Ya veremos qué sucede.