La Paz, Baja California Sur. - El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, propuso establecer en la legislación penal el “Delito contra la Gestión Ambiental”, con una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a tres mil días, y establecer que cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público. La pena de prisión se aumentará en una mitad y se le inhabilitará de uno a cuatro años para ocupar cargo, empleo o comisión públicos.

Durante su intervención en tribuna, en sesión ordinaria, el representante del Partido Verde Ecologista (PVEM), afirmó que, con iniciativas como ésta, se busca reducir la incidencia de daño ambiental, asegurando una mayor protección al medio ambiente para garantizar un mejor futuro a las próximas generaciones.

Adujo que nuestra legislación aun no regula el denominado “delito contra la gestión ambiental, el cual se traduce a nivel estatal entendiendo a este delito como la manipulación de información para obtener permisos ambientales, traduciéndose en conductas específicas como asentar datos falsos en los registros con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental estatal o actuando como prestador de servicios en materia ambiental de jurisdicción estatal o municipal falte a la verdad provocando un daño al ambiente o a los recursos naturales.

La iniciativa, que fue asignada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia e implica reformar la denominación del título vigésimo tercero “Delitos contra el medio ambiente” y adicionar un artículo 373 BIS al Código Penal para el Estado de Baja California Sur.