• Salud, diagnósticos y educación son temas prioritarios que las personas con Autismo demandan dentro del municipio.
San José del Cabo, Baja California Sur. Los diputados Martin Escogido Flores y
Dalia Verónica Collins iniciaron este jueves 25 de septiembre el proceso de
consulta pública para integrar propuestas ciudadanas a la Ley de atención a
personas con autismo en el estado de Baja California Sur.
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) invalidó en semanas atrás esta Ley, ya que en la
legislatura que la formuló el Congreso del Estado no consultó a las personas
autistas y sus organizaciones representativas, como lo exige la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La SCJN otorgó a los diputados
12 meses para crear una nueva ley que incluya estas consultas previas, para así
garantizar una política de autismo inclusiva.
En otros municipios del estado, ya se habrían comenzado las primeras fases del
proceso informativo, sin embargo, en el municipio de Los Cabos, esta fue la
primer sesión con el fin de qué los padres y madres de familia o tutores de
personas con autismo y personas con autismo, entendieran su derecho de
participación en este proceso para garantizar la atención, cuidado y protección
de sus derechos como personas con discapacidad.
“La primera etapa tiene que
ver con acuerdos previos, y eso ya lo hicimos; la segunda parte tiene que ver
con reunirnos en los municipios, que es lo que estamos haciendo ahora para
explicarles quienes pueden participar y de qué forma pueden hacerlo, pero lo
más importante que sepan de qué va a servir que ellos participen y vean
reflejadas las obligaciones que debe de haber para las autoridades y la
ciudadanía”, explicó Escogido.
Por su parte, Collins resaltó que en las reuniones que ya han desarrollado se
observa que las principales necesidades de las familias con miembros autistas,
es primero, la salud para garantizar el diagnóstico y seguimiento de la
persona; del mismo modo, hay una urgencia por mejorar los servicios de
educación e inclusión a la sociedad.
Será en 30 días que se lleve a cabo la fase de debate para analizar cuáles
serán las propuestas ideales para integrarlas a la ley.