• La reforma busca adicionar diversas disposiciones a la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de BCS.
La Paz, Baja California Sur. -
Con el objeto de reforzar en la Ley, las facultades de las Unidades de Género,
así como quienes fungen de Enlaces de Género, la diputada Arleno Moreno Maciel,
propuso al pleno se reformen diversas disposiciones a la Ley de Capacitación en
Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres para el Estado de Baja California Sur.
“… es crucial asegurar la
posición de las unidades en el Estado, pues contribuyen a fungir como
mecanismos institucionales rectores y gestores de las políticas públicas, para
coordinar las estrategias para transversalizar e institucionalizar la perspectiva
de igualdad de género, articular y coordinar una red de enlaces de género
institucionalizada, así como acciones que contribuyan en la observancia de las
obligaciones en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado”,
afirmó.
Por lo que, en cumplimiento de
las obligaciones en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) la cual señala que las
unidades de género deberán tener un nivel jerárquico elevado, con recursos,
compromisos y autoridad suficiente para, desde una perspectiva interseccional:
asesorar, supervisar y ayudar a formular nuevas políticas encaminadas a
eliminar la discriminación, la promovente reiteró la necesidad de hacerle
frente a la discriminación y violencia de género la cual es una realidad para
niñas y mujeres pese a que el tema es parte de la agenda internacional.
En consecuencia, Moreno Maciel
puntualizó que posicionar a las unidades en el nivel jerárquico que la ley
señala, no sólo expresa la realidad del compromiso del Estado con la igualdad
de género, sino que contribuyen al cambio social desde una perspectiva
intercultural por medio de políticas y programas públicos, asimismo, fomentan
la capacitación y sensibilización de servidores públicos en temas de igualdad y
derechos humanos, y facilitan el monitoreo y evaluación de políticas públicas
con enfoque de género.