• Este esfuerzo conjunto permite reforzar las capacidades de servidoras y servidores públicos, cumpliendo con lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de formación, capacitación y especialización obligatoria.
La Paz, Baja
California Sur. - Como parte de la coordinación de esfuerzos entre
instituciones y con el objetivo de fortalecer la capacitación de quienes
intervienen en la atención a las y los adolescentes en conflicto con la ley, el
Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal (CCSJP), firmó un
convenio de colaboración con el Poder Judicial del Estado para llevar a cabo el
Diplomado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El secretario
ejecutivo de la CCSJP, Jorge Joel Cota Ruíz, destacó durante su mensaje que
este esfuerzo conjunto permite reforzar las capacidades de servidoras y
servidores públicos, cumpliendo con lo establecido en la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de formación,
capacitación y especialización obligatoria.
Asimismo,
resaltó que esta acción responde a los objetivos y estrategias establecidos en
el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, con el propósito de fortalecer la
especialización de las y los operadores del sistema. Para el gobierno que
encabeza Víctor Manuel Castro Cosío, la procuración e impartición de justicia
es una prioridad, no solamente por mandato, sino también por la convicción de
servir al pueblo, velar por su bienestar y garantizar el Estado de derecho.
Cota Ruíz
señaló que esta colaboración representa un trabajo conjunto para mejorar las
competencias de quienes intervienen en la atención a adolescentes, garantizando
un sistema de justicia más humano y efectivo.
Finalmente,
agradeció a la magistrada presidenta, Claudia Jeanette Cota Peña, por su
disposición y apoyo para llevar a cabo esta iniciativa.
Con esta
acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la formación y
profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal, asegurando
que quienes atienden a adolescentes en conflicto con la ley cuenten con los
conocimientos y habilidades necesarios para un mejor desempeño.