Uno de los temas más polémicos que históricamente se han registrado en la entidad es sobre el uso y destino de nuestros litorales, sobre todo de las playas y especialmente en esta entidad en donde prácticamente toda la media península está rodeada de mar.

Vistas como un verdadero tesoro natural las playas de Baja California Sur, siempre ha sido un caro y preciado antojo para propios y extraños pues tener una propiedad cercana al mar, es contar con un enorme potencial.

Ese potencial que se ha disparado en lo económico en los últimos años, también se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, no solo para los nativos originarios de los pueblos y comunidades costeras, sino para las actuales autoridades de todos los niveles que han tenido que lidiar con verdaderos depredadores que lejos de generar desarrollo han tratado de quedarse con esas propiedades solo por tener el mal entendido sentido de posesión de un predio costero.

Obviamente esta condición geográfica es definitivamente la posibilidad de tener envidiables condiciones de desarrollo, pero ante la avalancha de representantes de intereses económicos nacionales y extranjeros que están más enfocados en lograr quedarse con la propiedad que propiciar el verdadero desarrollo social y económico, debe haber controles.

El tema es que esta visión no aplica para las playas, precisamente porque este recurso es de utilidad pública y no privado.

El asunto definitivamente impacta en toda la media península sobre todo en las zonas de Los Cabos, La Paz y Loreto, municipios que tienen todo su desarrollo y futuro económico centrado en la actividad turística misma que no se concibe sin el uso adecuado de nuestras playas.

Pero es ahí precisamente donde las autoridades municipales se han tenido que concretar en evitar que estas playas sean utilizadas como propiedad privada al grado de que ilegalmente con bardas, cercas, puertas metálicas y hasta casetas de vigilancia, intentan evitar que la población en general tenga acceso libre a este recurso natural.

Un ejemplo de ello es lo que recientemente quedó demostrado en el municipio de La Paz, donde el titular de la Contraloría municipal paceña, Pavel Castro Rios, encabezó acciones legales para retirar precisamente este tipo de bloqueos y poder abrir el acceso a la población en general.

Una playa en la zona de Cerritos y dos más en la comunidad de El Pescadero cercanas a la delegación de Todos Santos, de las zonas más bellas del municipio paceño, en respuesta a las denuncias ciudadanas recibidas a través de la aplicación App La Paz sobre el bloqueo a playas.

En estas labores que iniciaron en abril de 2023, ordenadas por la alcaldesa Milena Quiroga, han participado la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, ZOFEMAT La Paz, entre otras áreas del Ayuntamiento.

Estas medidas son trascendentales porque es necesario poner orden en el destino playero de los municipios sudcalifornianos sobre todo cuando la entidad cuenta con el 22 por ciento de los litorales de nuestro país.

El destino de los sudcalifornianos seguramente seguirá muy ligado a sus recursos naturales que genera la cercanía al mar, pero por encima de todo ello, el bienestar común de la población debe prevalecer con la aplicación estricta de la ley.

De no ser así será muy complicado mantener la larga y próspera vida que se espera de Baja California Sur.

¿No le parece así amable lector?