• Se revive la atención al proceso de fiscalía anticorrupción contra el exalcalde cabeño Oscar Leggs. • La sentencia a exdirectora a del INVI despierta especulaciones sobre el destino legal del ex munícipe y ex colaboradores. • La lucha contra corrupción eleva el reto de mejorar propuestas electorales para el 2027.
Uno de los
principales retos que tienen las autoridades estatales y municipales es el de
lograr que sus equipos no violen la ley de responsabilidades de servidores
públicos y no sucumban a la tentación de hacer mal uso de los recursos
económicos propiedad de los ciudadanos.
Obviamente
que se espera que las autoridades que ahora tienen la responsabilidad de
conducir los destinos de nuestra entidad y de todos los municipios, tienen
claro qué está bien y qué no lo está en materia de administración pública.
Cuando las
autoridades federales resaltan que la corrupción es un mal que ya fue
erradicada mientras que aún se observan casos lamentables que contradicen estos
dichos, se espera que, en la entidad, los actuales funcionarios actúen de
acuerdo a la ley.
Tanto las
autoridades estatales como municipales han reiterado en varias ocasiones a sus
colaboradores que no violenten la ley y se porten bien, a la altura de las
exigencias de la ciudadanía.
Por supuesto
que no es ni será tarea fácil.
Un ejemplo de
lo que puede pasar si se ejerce de manera irregular el dinero público, es lo
referente a la exdirectora del INVI en la entidad, Rosaura “N”, que ahora
enfrenta un proceso que no sólo le puede causar la pérdida de la libertad, sino
incluso resarcir el daño patrimonial establecido en alrededor de un millón 700
mil pesos.
El otro caso
que aún están vigente es el del exalcalde de Los Cabos, Oscar Leggs que a
finales de este mes tendrá la audiencia respectiva en donde se establecerá el
nivel de responsabilidad también sobre el presunto mal uso de dinero público.
Por supuesto
al respecto tendrá que quedar bien establecido si colaboradores y colaboradoras
del exalcalde cabeño tienen también algún tipo de responsabilidad.
Vale recordar
que se han sometido a proceso por presuntos malos manejos de recursos públicos
quince exfuncionarios de la pasada administración estatal y según se informó
integrantes de la actual administración también están bajo una investigación.
Está bien
claro que la sociedad ya no soporta a funcionarios desleales a los principios
de rectitud y buena conducta. Está harta de la simulación.
Veremos si
los futuros aspirantes a los cargos de elección popular que estarán en juego en
proceso sucesorio del 2027, estarán a la altura de las necesidades ciudadanas
en calidad política, administrativa y por supuesto de confiabilidad.
¡Vaya tarea!
Ya veremos.