San José del Cabo, Baja California Sur. La tarde de este miércoles 7 de mayo el Tribunal de Enjuiciamiento en la ciudad de La Paz emitió la pena para Rosalva "N", ex directora del Instituto de Vivienda (INVI) de Baja California Sur (BCS), luego de ser encontrada como culpable por el delito de "uso ilícito de atribuciones y facultades".

Apenas el pasado 2 de mayo la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Lennin Emiliano Ortíz Amao informó que se habría logrado el fallo condenatorio por este acto de corrupción previsto y sancionado por el artículo 280 fracción V, en relación a los artículos 21 fracción I, 22 fracción I, 26 fracción I, inciso b), todos del Código Penal para el Estado.

Hoy, en una audiencia de individualización de penas y sanciones el Tribunal emitió la pena que consiste en: tres años de prisión, 10 años de inhabilitación de cargos públicos y la reparación del daño por 1 millón, 781 mil, 212 pesos y 73 centavos.

La cifra en cuestión corresponde a la misma con la que Rosalva "N" se pagó a sí misma de manera ilegal por el concepto de “liquidación por término de relación laboral”, sin conocimiento del Consejo del Instituto de Vivienda de BCS y sin que se hubiera realizado la terminación de la relación laboral, según lo evidenció la Fiscalía Anticorrupción. 

En entrevista exclusiva para Diario El Independiente, Ortiz Amao recordó que esta denuncia fue interpuesta desde el 2022 y aunque se intentó apelar desde el inicio el auto de vinculación a proceso se logró llevar el caso hasta las últimas consecuencias. 

"Se impuso la pena de 3 años de prisión que impide que obtenga algún beneficio penitenciario como condena condicional o semilibertad, lo que significa una vez que se cause la sentencia se deberá compurgar la pena a un centro de readaptación social", comentó. 

El Fiscal destacó que pese al largo proceso es posible llevar estos casos para el combate a la corrupción; de no existir el fuero constitucional en la entidad podrá haber un mayor avance en la materia.

Actualmente la Fiscalía Anticorrupción trabaja en 13 procesos penales con personas vinculadas a proceso; hay dos juicios en puerta y se está a la espera de que se llevan a cabo más audiencias para la vinculación de otras 11 personas presuntamente responsables de actos de corrupción en la entidad.