Hacer alusión a la corrupción, es hacer alusión a la desvergüenza, al descaro y al cinismo. Y por consecuencia todos quienes optan por participar en ella, son justamente desvergonzados, descarados y cínicos.

Sin embargo, hoy, para fortuna de todos nosotros, tanto en el gobierno federal como en el estatal, han llegado personas que no comulgan con la idea de participar, ni perdonar actos de corrupción.

En efecto, aquí hago referencia a Andrés Manuel López Obrador, y a Víctor Manuel Castro Cosío, quienes han puesto todo su empeño para evitar hasta donde sea posible, que los funcionarios hagan de las suyas como antaño, cuando todos tenían el pasaporte directo y sin escalas para cometer corruptelas, y la tapadera más grande estaba en la presidencia.

Y créamelo, porque a todas luces se observa que este esfuerzo ha dado excelentes resultados, pues lo podemos ver en la aplicación de recursos en las diferentes obras y acciones que hoy se realizan para beneficio del pueblo.

En síntesis, la inmoralidad, la deshonestidad y el abuso, eran el modus vivendi de todos los políticos de entonces.

Pero claro, pese a lo que se ha hecho, aún falta actuar con más energía en contra de aquellos que hicieron su riqueza a consta del pueblo.

Es decir, que a los corruptos les quiten el dinero y las propiedades mal habidas. Y que los dejen en la pobreza, tal cual lo hicieron con sus gobernados.

Y es que, lamentablemente en aquellos tiempos, desde Echeverría Álvarez hasta Peña Nieto, pasando por el orejón, México, llegó a padecer un gravísimo problema de corrupción.

Y fue a tal grado, que el Foro Económico Mundial, tuvo la osadía de declarar que la corrupción era el principal obstáculo para hacer negocios en México; incluso por encima de la inseguridad, lo cual fue una declaración vergonzosa para todos nosotros, menos, por supuesto, para los que participaban en las corruptelas.

Ahora bien, muchas veces, la corrupción no proviene directamente del gobierno o los funcionarios, sino de proveedores y contratistas que ofrecen el soborno o se coluden entre sí y pactan precios de venta y servicios, rotándose las ofertas ganadoras y subcontratándose para proveer el servicio, inflando los precios de servicios o ventas a su favor, donde ganan ellos y gana el funcionario.

Por tanto, derivado del crecimiento poblacional se tiene la certeza de que los abusos derivados de los sobornos, cohechos y comisiones para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones, han aumentado en los últimos años.

Luego entonces una modalidad frecuente es la del pago de comisiones por contrato de obra pública o compra; y que el famoso “diezmo”, o los famosos “moches”, han subido en algunos estados y pueden llegar hasta 25 o 30 por ciento del valor de una licitación, considerándose un fenómeno tan extendido, que muchos contratistas se sorprenden cuando no les piden comisión, pues dar soborno se considera en ocasiones un seguro de acceso.

Lo ´peor es que en algunas entidades son los parientes del gobernador quienes negocian los moches o intermediarios de gran confianza del mandatario.

Por tanto, algunos empresarios se quejan en privado de estos hechos; pero la mala nota es que los organismos empresariales no hacen nada al respecto, a pesar de que constantemente pegan patadas de ahogado y gritos al cielo.

La codicia pues, alcanzó a democratizarse y entonces, cada funcionario que firmaba una orden de compra, quería por consecuencia su tajada.

Pero, bien vale decir que esfuerzos correctivos como lo son las “subastas en reversa” que practican, por ejemplo el IMSS y el ISSSTE en la adquisición de medicamentos, al menos en lo que se ve, han sido la excepción.

Ahora bien, otro aspecto lamentable es que nuestro país no ha superado en los últimos años calificaciones reprobatorias del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Pero para bien del pueblo, el problema ha ido a memos con la alternancia política en los gobiernos, lo cual deja en claro la idea generalizada de que el cambio de partido en el poder tiende a resolver la corrupción.

Otra práctica común en la nueva ola de corrupción mexicana lo fue el peculado o malversación de fondos públicos: desvío de recursos, reasignaciones presupuestarias para dar al dinero fines distintos a los autorizados y, en ocasiones, literalmente, para robarse el dinero de la caja.

Y aunque desde el gobierno federal se han fortalecido los mecanismos para combatir este delito mediante controles internos (contralorías) y controles externos (Auditoría Superior de la Federación), lamentablemente este esquema de control y fiscalización no se reproduce en todos los estados y municipios como debiera, toda vez que en muchas entidades los gobernadores ejercen un control político férreo que limita la capacidad de los órganos de fiscalización para ejercer sus funciones.

Por tanto, algunos presidentes municipales sobornan a diputados locales para que aprueben sus cuentas públicas, cosa que pudo haber hecho Rubén Muñoz, pues las cuentas a su paso por la alcaldía de La Paz, no cuadran.

En efecto, pueden dar dinero, obra pública o empleo a sus amigos o parientes.

Porque no es casual que en los últimos años se hayan denunciado muchos casos de corrupción de gobernadores, alcaldes y demás funcionarios.

Cuestión de tiempo.