Lo dije en una entrega anterior que para alguien como Víctor Castro Cosió, considerado como un férreo defensor de las causas justas, los problemas derivados de la aplicación y procuración de justicia que se registran en Baja California Sur, los hace suyos. Por tanto le preocupan, le atañen, le duelen.

Luego entonces, creo que el ahora gobernador debe estar preocupado por lo que ocurre con Ana Georgina Roldan Aviña, aquella dama de Los Cabos, que por razones obvias cada vez con más ansias se aferra a justicia.

En efecto, me refiero a aquella dama que cuando los demonios andaban sueltos tuvo la desgracia de estar en el momento y lugar equivocado.

Lugar equivocado porque allí estaba Satanás, que –a decir de la dama-- la acosó sexualmente.

Claro que en la entrega de hoy, una vez más, hago referencia a Juan Pérez Cayetano. Esta vez, un tipo sin fuero.

Y la denuncia por acoso sexual que quedó registrada ante la Procuraduría General de Justicia por la ex regidora de Los Cabos, Ana Georgina Roldan Aviña bajo el número de expediente LPZ/6406/2021/NUC. , data desde el 15 de octubre de 2021.

Y a partir de ahí, esta dama ha transitado por terrenos pedregosos en busca de la justicia.

Primero, en su intento de entrar al Congreso del estado se topó con un muro de piedra tras el cual se escudó el perverso fuero de la ignominia.

De nuevo el tiempo transcurrió y luego de que el congreso integró una Comisión Instructora para el juicio de procedencia y que además contrató un abogado penalista por un costo de 100 mil pesos, a los diputados se les hizo bola el engrudo y se metieron a un oscuro y profundo laberinto del cual no podían salir.

Ya después, para fortuna de la dama, el viernes 23 de septiembre de 2022, es decir casi un año después, logró el objetivo deseado: que a Pérez Cayetano le quitaran el fuero.

Debo dejar en claro que desde el jueves 5 de mayo la Procuraduría General de Justicia había enviado la solicitud de desaforar al diputado Juan Pérez Cayetano, sobre quien pesa la grave acusación por abuso sexual. Y de esta manera seguirle el juicio como a cualquier ciudadano.

Entonces y qué bien, se advierte aquí el interés de la procuración de justicia, lo que coadyuva a las intenciones del gobernador Víctor Castro Cosió, respecto a que todo ciudadano tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En casos como este, el Congreso del Estado, tal como lo hizo, integró la comisión de procedencia compuesta por tres diputados para dar paso a lo que es un juicio de procedencia con la intención de separar del cargo al legislador y tras ello hacer frente a la grave acusación que se le imputa.

Sin embargo, ahí también hubo trabas con ocultas perversidades, pues en la sesión ordinaria del martes 13 de septiembre, la representante de la fracción del PAN diputada Blanca Belia Márquez Espinosa integrante de la Comisión Instructora de declaración de procedencia en contra del diputado Pérez Cayetano, renunció a dicha comisión, lamentando desde tribuna la dilación del proceso del acuerdo de declaratoria de procedencia.

Incluso, la legisladora consideró que se han dado tácticas dilatorias que implican desde falta de notificaciones y cambios repentinos de estrategias jurídicas, hasta cambios de las decisiones, lo que le hace dudar si existen o no intereses políticos.

Opinó sin embargo que su lucha a favor de las mujeres no se verá mermada: “por el contrario, ofrezco el apoyo y la asesoría jurídica de mi equipo y el de la fracción parlamentaria del PAN en pro de la causa de la denunciante a fin de que se esclarezcan los hechos y en su caso se sancione a los culpables”.

Fueron tiempos en que efectivamente la Procuraduría General de Justicia del Estado se sintió atada de manos, aun cuando esta instancia había cumplido su parte al integrar la carpeta de investigación correspondiente, e incluso solicitado el juicio de procedencia al Congreso del Estado, considerado como un requisito indispensable para proceder penalmente contra una persona que goza de fuero como es el caso.

Y fue la primera ocasión en BCS, en que la justicia pasó ese búnker construido en el Congreso del estado.

Porque respecto a estas cosas que oscilan entre el erotismo y el fuero, no hay nada nuevo bajo los cielos sudcalifornianos. Ya había ocurrido ocurrió en la XV legislatura cuando una servidora pública irrumpió en la sesión pública ordinaria en el Congreso del Estado, subió al estrado, tomó el micrófono y señaló a Esteban Ojeda Ramírez, entonces diputado y lo acusó de violador y de hostigar a varias mujeres que brindan servicios en diferentes áreas de educación básica en la capital del estado.

Esa vez, el diputado solo se limitó a escuchar las acusaciones en su contra, donde, a decir de la supervisora de la Secretaria de Educación, Esteban Ojeda le propuso sostener relaciones sexuales a decenas de intendentes, maestras, coordinadoras de zona escolar y secretarias de las áreas administrativas de primarias y secundarias, a cambio de una base definitiva en la SEP.

Hechos similares que allí permanecen enterrados, cubiertos por el fuero satánico que hace arder los infiernos en la tierra donde los diablos danzan.

Y lo digo porque entre polémica y desacuerdos, de nueva cuenta el tiempo ha transcurrido, pues han pasado 7 meses luego de que a Pérez Cayetano le quitaran el fuero.

Luego entonces tanto el uno como el otro permanecen sonrientes ante el silencio de la justicia.

Cuestión de tiempo.