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Hoy es domingo, 28 de abril de 2024

Se amparan ciudadanos para lograr el derrumbe del puente de Las Viudas

Acusan directamente al XII Ayuntamiento de Los Cabos, presidido por Arturo de la Rosa, de otorgar los permisos para tan “aberrante” obra

Se amparan ciudadanos para lograr el derrumbe del puente de Las Viudas

San José del Cabo, Baja California Sur. Tras la aprobación en Cabildo del inicio de un proceso administrativo en contra de los desarrolladores y las autoridades que permitieron el bloqueo a los accesos de las playas Twin Dolphins y Las Viudas, un grupo ciudadano, conformado por la empresaria Blanca Pedrín y el Colegio de Arquitectos de Los Cabos, ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer su posicionamiento de la problemática, al ser ellos, como ciudadanos, los que están buscando la liberación de todos los accesos de playa que con los años y por distintas administraciones han sido bloqueadas. 


Explicaron que interpusieron dos demandas de amparo, una en contra de las autoridades locales y otra en contra de las autoridades federales.


“Es importantísimo dar a conocer a la comunidad el impacto que causará en las familias cabeñas y en el propio turismo, la calidad de vida se deteriora día a día. Abusos en donde por complicidad, omisión, corrupción o ineptitud hemos perdido espacios públicos y estos deben parar”, explicó la empresaria. 


Blanca Pedrín aseguró que muchos desarrolladores han humillado al pueblo y le han faltado al respeto violando las leyes a conveniencia de algunas empresas, esto con permiso de políticos que permiten su operación sin conciencia social.


“El desarrollo es bienvenido, siempre y cuando respete a una comunidad, el ambiente y los derechos de los ciudadanos, que sea un desarrollo sustentable y sostenible”, añadió la empresaria, quien envió un contundente mensaje al magistrado Jorge Dionisio Guzmán González y al Consejo de la Judicatura para que haga justicia conforme a derecho, ya que en el caso del puente de Las Viudas, Vista Serena y el Complejo Maravillas incumplieron con los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que le fueron entregadas cuando comenzó su proceso de construcción durante la gestión de Antonio Agúndez, estos lineamientos fueron violadas por el desarrollador. 


De nueva cuenta entre las denuncias salió a relucir el nombre de la ex síndica municipal Susana Zatarain, junto con el ex director de Desarrollo Urbano, Álvaro Ramírez, a quienes señalan de otorgar un “cheque en blanco” que permitió la construcción del puente, el cual calificaron como “monstruoso”, es por ello que buscarán sean llamados a rendir cuentas. 


Por su parte, el abogado Sergio Fuentes, informó que desde el 2017 el grupo ciudadano interpuso las demandas de amparo antes mencionadas, dejando en claro que todo ha sido un trabajo ciudadano por completo, ya que lo único que buscan es que se respeten los accesos a las playas y los espacios públicos, así como el Plan de Desarrollo Urbano, diciendo que los responsables del puente es por completo el XII Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por Arturo de la Rosa, y lamentando que los tribunales colegiados estén actuando de forma muy lenta en favor de los ciudadanos. Así, aseguró que la batalla legal seguirá hasta que se retiren las licencias de concesión federales y municipales. 


“Sabemos que el desarrollador va responder a la decisión del Ayuntamiento y estamos listos para poder atender cualquier demanda de amparo, cualquier argumento. Lo que nos preocupa más es que el desarrollador no tome conciencia del daño que le está haciendo a Los Cabos, si después de esto no entienden, no comprenden, no escuchan a la población un juez deberá resolver”, dijo el abogado, quien añadió que en estos juicios de amparo tiene más de 3 años, pero lo llevarán el tiempo que sea necesario, ya que la ciudadanía no se puede acostumbrar a que los despojen de las playas. 


Es por tal que dentro de los marcos legales los ciudadanos están solicitando la demolición del puente de Las Viudas, usando 2 vías legales, la que establezca el Ayuntamiento con el proceso administrativo aprobado en la última sesión de Cabildo y la segunda con los juicios de amparo que ya están interpuestos desde el 2017.