Como era de esperarse el Congreso del Estado se vio en la forzada necesidad de acordar la reinstalación de los legisladores y legisladoras que habían sido retirados de sus posiciones a través de un juicio político que finalmente no tuvo la validez legal que los morenistas esperaban, por lo que por disposición de las autoridades judiciales el poder legislativo literalmente a regañadientes, tuvo que reconsiderar su decisión.

Como lo hemos señalado en este espacio, quizás no habría mayores problemas si las decisiones que toma el poder legislativo solo tuvieran diferencias en los parlamentos o en las posturas que públicamente se asumen en función de la representación política que ostenta.

Pero en esta ocasión la consecuencia grave de no atender lo que dispuso en su momento la autoridad judicial federal para cancelar la decisión de mantener separados de sus cargos a los legisladores, mantiene hasta el día de hoy en riesgo la posibilidad de que se apruebe la adquisición de una planta desaladoras para la comunidad de Cabo San Lucas.

Este 30 de septiembre es literalmente el último día para que el Congreso vuelva a tomar en consideración del pleno legislativo la aprobación de esta tan necesaria planta desaladora.

Ya se había realizado una votación con la presencia de los legisladores suplentes, pero esa decisión fue considerada como nula por parte de la autoridad judicial federal, por lo que con la reinstalación de los diputados que se espera quede formalizada este 30 de septiembre, tendrá que hacer de nuevo esta votación para que finalmente los cabeños cuenten con esa planta tan necesaria para esa región.

El Congreso del Estado informó ayer que:

El dictamen de la comisión de asuntos políticos consistió en el resolutivo que determinó textualmente “se revoca y deja sin efecto la resolución del juicio político 02/2020, manteniéndose intacto el procedimiento hasta antes de la emisión de la sentencia, que recayera al mismo absteniéndose a dictar resolución que en derecho proceda, por lo anterior se ordena la incorporación de los servidores públicos destituidos de sus cargos de diputados e inhabilitados por 2 años para desempeñar cargo en el servicio público, Daniela Viviana Rubio Avilés, Perla Guadalupe Flores, Lorenia Lineth Montaño Ruiz Leyva, Elizabeth rocha Torres y Rigoberto Murillo Aguilar, así mismo se deja sin efecto las amonestaciones a las diputadas Anita Beltrán Peralta y Maricela Pineda García, y al diputado José Luis Perpuli Drew, lo anterior en espera de la resolución que se dicte en el incidente de suspensión y en su caso de la resolución de fondo del asunto planteado en el expediente del juicio de amparo 442/2020”.

En virtud de que el segundo acuerdo fue llamar a las diputadas y diputados para que asistan a cumplir con sus funciones como diputados y enviar el cumplimiento a la juez de distrito, se reanudó la sesión, incorporándose los 5 diputados.

La medida que se pretendió retardar hasta donde fue posible se vio acelerada definitivamente por la fecha fatal que concluye este último día de septiembre para aprobar o rechazar la adquisición de la referida planta desaladora.

Desde luego que esta situación deja mal parados a los legisladores emanados de Morena que ahora tendrán que pagar el costo político de una medida que fue calificada por las autoridades judiciales como improcedente y por lo tanto ilegal.

Ahora el poder legislativo quedará conformado desde este jueves como originalmente se instituyó por lo que los tiempos políticos tendrán definitivamente consecuencias adversas para quienes ahora con esta resolución evidentemente quedarán bajo el cuestionamiento político de la sociedad y por supuesto de la clase política en general.

Está por verse si aún con estas condiciones existe el humor y el ánimo para buscar desde el poder legislativo las candidaturas de Morena para el 2021 que por supuesto, como partido, no pasa por su mejor momento.

Ya veremos qué sucede.