• La última encuesta del INEGI indica que más de 68% de la población considera que los jueces son corruptos, y que hay muy poca confianza en la administración de justicia en el país
Ciudad de México. La última encuesta del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía indica que más de 68 por ciento de la
población considera que los jueces son corruptos, y que hay muy poca confianza
en la administración de justicia en el país; independientemente de la indudable
existencia de juzgadores honorables y capaces en todos los niveles y
estructuras judiciales, pero que, por encontrarse en minoría, no han logrado
modificar la percepción señalada.
El actual Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que se ha caracterizado por su honradez y valentía para
enfrentar esta situación y esas malas prácticas largamente arraigadas, ha
descalificado contundentemente la corrupción y el nepotismo judicial,
demostrándolo en los hechos; mientras ha propuesto, ante el Poder Legislativo,
cambios fundamentales en la carrera judicial, en su capacitación, en la gestión
procesal, en los criterios aplicables y en la organización institucional, así
como en otros temas que ya se encuentran ante el Congreso.
Si la gran mayoría de la población, así como
quien preside el Poder Judicial federal, coinciden en este diagnóstico, no se
puede tener la menor duda de que esta situación tan negativa es una realidad
reconocida e innegable; y, por tanto, es una obligación ética aportar
capacidades y experiencia para corregir esta grave crisis de justicia, ignorada
durante décadas, en razón de que ha funcionado como un contundente instrumento
de control y sujeción que el poder público ha utilizado sobre una población
abandonada e indefensa; y, por esas razones, consideramos que deben tomarse en
cuenta los siguientes cambios prioritarios:
Frente a los resultados que ha dado el
garantismo procesal, que protege a los acusados ante el abuso de la autoridad y
la ineptitud oficial, ahora es indispensable equilibrar y fortalecer al sistema
legal para defender, con igual contundencia y prioridad, a las víctimas del
delito que, al día de hoy, son más de 36 millones de ofendidos en materia
penal, para quienes no existe, en la realidad cotidiana, ni reparación del daño
ni justicia alguna.
Quien comete un delito no debe quedar impune;
y si la policía, el Ministerio Público o algún juez abusaron o violaron la ley
y los derechos humanos del acusado, ellos deben ser sancionados ejemplarmente;
pero también el delincuente debe ser castigado por su delito, reponiendo el
procedimiento y obteniendo las pruebas legales que acrediten su responsabilidad.
Para no dividir, retrasar y complicar la
secuencia procesal, el juez de control debe tener la más completa autoridad
para llevar todo el proceso en forma expedita.
Para acabar con los plazos interminables y la
corrupción de autoridades y de profesionistas sin escrúpulos, que buscan
subterfugios para medrar, retrasar y evadir la justicia, es necesario compactar
los recursos en el juicio, acelerando sus soluciones inmediatas y castigando
sólidamente cualquier dilación injustificada.
En los delitos graves no debe permitirse la
prescripción, ya que el daño que producen es irreparable y la impunidad que
generan es una afrenta pública inaceptable, que es menester combatir a fondo.
La reincidencia debe tipificarse con más
precisión para poder aplicar la prisión preventiva obligatoria a los
profesionales del delito y, así, contener la escalada delictiva que se padece.
En delitos contra la administración de
justicia deben aplicarse sanciones ejemplares para los jueces y servidores
públicos que actúen contra la ley y la jurisprudencia, causando daños o
ventajas indebidas a cualquiera de las partes; el Ministerio Público debe
actuar de oficio en esos casos.
Para fortalecer la credibilidad judicial es
preciso que la Suprema Corte conozca, en última instancia, los procedimientos
penales contra los jueces y debe ejercer la atracción obligada de las sentencias
de amparo en revisión, en los casos en que cualquier autoridad haya incurrido
en algún delito contra la administración de justicia.
La suspensión en el amparo, que tiene como
objetivo evitar el abuso de la autoridad, debe contener plazos perentorios en
su vigencia, obligando al amparista a someterse inmediatamente al Poder
Judicial para dirimir su situación legal y, así, erradicar las múltiples
dilaciones desmedidas que se dan cotidianamente.
Para evitar que en el juicio de amparo el
proceso se haga interminable y sospechoso, los jueces y magistrados deberán
invariablemente sentenciar a fondo y sobre la totalidad del asunto.
En todos los juicios es primordial y
apremiante que la reparación del daño se garantice de inmediato y se cumpla en
un plazo mínimo y obligado, para que así se recupere la confianza en la
justicia.
Cuando existan evidencias de encubrimiento o
de corrupción en la investigación y judicialización de los delitos cometidos
por servidores públicos municipales, estatales y federales, en el ejercicio de
sus funciones, estos casos podrán ser atraídos por la Federación.
Estas propuestas es necesario promoverlas de
inmediato ante el Poder Legislativo, para que realmente se empiece a contener
la impunidad y se reivindique y fortalezca el Poder Judicial.