Si bien es cierto en tiempos de coronavirus, son los médicos y enfermeras los personajes que han sido dignos de un fuerte aplauso, habría que agregar --en este fuerte aplauso-- a todos y cada uno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y de paso, --brindar honor a quien honor merece— reconociendo y aceptando que realmente existe el respeto y la división de poderes en nuestro país, en donde sin duda la gran disposición para ello persiste de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso merece un reconocimiento unánime. Todo, porque dejó en claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es realmente un institución independiente y autónoma.

Con esta introducción, hago referencia tácitamente a la ya famosa “Ley Bonilla” que se refiere a las insanas pretensiones del gobernador electo del partido Morena, Jaime Bonilla Valdez, luego de aquella lucha emprendida bajo una sospechosa consulta ciudadana para conseguir cinco años de gobierno al frente de su estado tras de haber tomado posesión como gobernador de Baja California en noviembre de 2019.

Para ello, vale un poco de historia, y diré que la Ley Bonilla, nace luego de que en el país se ha buscado empatar los procesos electorales lo que surge luego de  la reforma constitucional federal que en materia electoral de febrero de 2014 encontró alguna fórmula de solución a este problema, quedando establecido al efecto en el artículo 116, fracción IV, de la Carta Magna, el siguiente par de disposiciones:

Una, que los comicios locales deben necesariamente “tener lugar el primer domingo de junio del año que corresponda”, y dos: Que de los tres comicios de corte estatal (ayuntamientos, diputados locales y gobernador) “se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales”. Luego entonces, los comicios federales, según lo dispone el artículo 22 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda”, cada tres años para diputados federales y cada seis para senadores y presidente de la República.

En lo sucesivo, todas, absolutamente todas las elecciones, sean federales o locales, han de celebrarse precisamente el primer domingo de junio “del año que corresponda”. Y por lo que hace a las estatales al menos una se efectuará, pero muy bien pueden ser dos y mejor aún las tres locales, en la misma fecha en que tengan lugar las elecciones federales.

De hecho son varias las entidades que lo han hecho, entre ellas la nuestra, cuando Marcos Covarrubias Villaseñor estuvo al frente del gobierno por espacio de cinco años. Y para no ir más lejos la Ciudad de México, que ha empatado sus tres comicios locales con las elecciones federales. O bien dos. Pero uno que haya sido, en algunos casos, para hacer concurrentes o coincidentes las fechas, se hizo necesario ajustar el periodo de duración de algunos mandatos. Como en los estados de Puebla, Veracruz y Baja California, que por tal razón se acordó que una gubernatura de transición fuera de uno o dos años.

Sin embargo, en este caso que hoy nos ocupa, el gobernador Bonilla, pretendió tejer muy finito, logrando efectivamente sorprender tanto a los habitantes de su estado como a toda la nación, mediante artimañas, --probablemente con su gran poder económico,  y su profunda amistad con el presidente— y tras lo cual ya se sentía gobernador por cinco años.

Pero seguramente que Jaime  Bonilla no contaba con la sapiencia, la rectitud y la honestidad de los integrantes de la SCJN. Y por supuesto que ignoraba que la totalidad de los ministros comulgan con la legalidad, la  honradez y la  justicia.

¿Por qué? Porque en efecto, tras analizar a conciencia esa absurda determinación, los once ministros que integran la SCJN incluyendo a su presidente Arturo Zaldívar,   fueron coincidentes en que existían flagrantes violaciones a nuestra Carta Magna, y que de paso, con este ardid,  se violaban las elecciones libres y auténticas, asestándose un duro golpe al corazón democrático de México.

Sin descartar que este proceder era considerado un fraude constitucional a través del cual se violentaba la voluntad ciudadana: “Bajo la apariencia de reformar el régimen interno del estado, se alteraron los resultados de un proceso electoral concluido, violando el voto público y la soberanía popular,” declaró Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Más aun, esta norma a través de la cual se vulneró el principio que rige las elecciones libres y que fue considerada como un atentado a la democracia y a la Constitución, también lesionó el principio de la certeza democrática.

Fue por eso, que a través de una sesión remota, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inválida la reforma al artículo Octavo de la Constitución de Baja California, la cual permitía ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla. Y entonces, el controvertido político de Morena seguirá al frente de su estado hasta octubre de 2021, justo como se tenía planeado desde el principio.

·         ¿Y cómo surgió la Ley Bonilla?

Fue después de que el Congreso local de aquella entidad aprobó la ley, en octubre de 2019, luego de una burda consulta ciudadana donde solo participó el 1.9% del electorado del estado. Los resultados fueron beneficiosos para Bonilla: 82% dieron el sí, mientras que el resto dijo que no.

El efecto de la resolución de la SCJN es que se vuelva al texto anterior de la Constitución del estado, donde se establece que el gobierno de Bonilla Valdez terminará el 31 de octubre de 2021, lo cual implica que en julio de ese año Baja California elija a un nuevo gobernador.

Pero… ¿Qué sigue?

Sin duda calificar de traidores a los siete diputados del PAN que votaron por ampliar el mandato de la gubernatura de Jaime Bonilla, seis  de los cuales se pusieron el huarache antes de espinarse y  renunciaron a su partido. Aun cuando todos, según el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, están bajo proceso de expulsión, quienes en aproximadamente 25 días se resolverá la salida de los legisladores del partido.

Cuestión de tiempo.