• Por la forma en que fueron hechos los contratos y por el número de funcionarios y áreas involucrados será difícil señalar a un solo responsable
Alrededor de 50 denuncias han sido
interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades y
excesos en la compra de servicios y equipos de tecnología.
“El robo en tecnología no es la estafa
maestra sino la estafa magistral”, aseguró Emiliano Calderón Mercado,
coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia.
Ello, explicó, no sólo por la forma en que
fueron hechos los contratos sino por el número de funcionarios y áreas que
están involucradas por lo que será difícil señalar a un solo responsable.
“Es difícil que haya un culpable directo
porque todo está legalmente aprobado, incluso con comités, así que es difícil
tener el resultado de alguien en la cárcel, porque al final no hay responsable,
por la dispersión en el proceso de compra”, respondió a la pregunta si una
responsable sería Alejandra Lagunes, responsable del área digital en el sexenio
pasado.
El funcionario presentó esta mañana en
Palacio Nacional un informe de los gastos excesivos registrados en gobiernos
anteriores así como el ahorro logrado a partir de 2019, con la revisión de
equipos y renegociación con proveedores.
Dijo que al llegar al área encontraron
desorden administrativo porque las partidas presupuestales se usaban a
conveniencia para enmascarar gastos de tecnología.
Esta erogación se ocultaba en distintos
rubros y no se contaba con verificación de proyectos, es decir no se daba
seguimiento a las compras, explicó.
Igualmente se detectaron contratos y bases de
licitación que favorecían, resaltó, a ciertos proveedores, y contratos
millonarios con empresas cercanas a funcionarios, a costa del erario.
También recibimos, agregó, carencia de
infraestructura propia, porque había un cementerio de máquinas obsoletas y
apagadas, mientras que servicio sustantivos funcionaban a partir de equipos
privados.
El gobierno, advirtió, dejó sus
responsabilidades tecnológicas y las confirió en manos de particulares.
El origen del “desorden” en esta materia se
inició en diciembre de 2006 con la emisión de un decreto de austeridad que
incluía la contratación de tecnología y la aportación de equipos, asistencia
técnica y reemplazo de tecnologías por particulares.
El gobierno siguió ese patrón y a partir de
ahí el gasto se disparó.
El funcionario nuestro diversos ejemplos; por
ejemplo, en el Centro de Datos del Issste se gastaban 556 millones de pesos
anuales y ahora se pagan 322 millones, tan solo con la renegociación de
proveedores.
En ese mismo instituto se adjudicó de manera
directa a dos empresas los servicios de inteligencia de negocios con un costo
de 81 millones de pesos, más un segundo contrato de 92 millones de pesos, más
un millón de pagos de licencias.
Es así que el costo total desperdiciado tan
solo en ese centro de negocios fue de 187 millones de pesos.
En la secretaría de Salud, añadió, se
detectaron registros de fotocopiados y de impresión alterados.
Igualmente, en la secretaría de relaciones
exteriores se compró un centro de datos y seguridad de la información con costo
de 146 millones de pesos anuales, que pese al tema en operación estaba en manos
de particulares.
En otra área de la cancillería, para el cruce
de biométricos, el contrato fue por 121 millones de pesos.