Muy buenos días estimable lector, gracias muchas gracias por continuar prefiriendo su periódico El Independiente.

Inicio esta columna comentando a Usted; Es el momento de implantar un Estado de Derecho, que garantice las libertades y la justicia, asegure el logro de los fines de la Nación y otorgue a los ciudadanos un marco de certidumbre para propiciar su desarrollo, es el que tiene que aspirar el gobierno Federal para las presentes y futuras generaciones. Garante de protección Jurídica a mujeres y hombres, de seguridad a su integridad física, su familia y su patrimonio, que asegure la tutela de su dignidad y su protección como trabajadores, ciudadanos y como mexicanos. El pueblo reconoce en el Estado de Derecho, la única vía para garantizar certidumbre y seguridad en el goce de nuestros derechos, en el ejercicio de libertades y el cumplimiento de obligaciones. Queremos su vigencia y actualidad, por ello el gobierno tiene que erradicar toda diferencia entre norma y realidad, adecuando nuestro sistema legal a las expectativas y condiciones de nuestro tiempo. Ahora bien, el fortalecimiento del Estado de Derecho que tendrán que impulsar deberá perseguir tres objetivos fundamentales; asegurar que la Ley sea norma de convivencia, haciendo efectiva su aplicación y gestando una cultura de la legalidad; redoblar esfuerzos para incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones a cargo de la aplicación de la Ley, y alentar la conformación de normas y mecanismos para la oportuna y transparente rendición de cuentas de la gestión pública.

Como usted amable lector lo sabe; la inseguridad y la violencia presentes en nuestra realidad actual vulneran y atentan contra el derecho, produciendo iniquidades y prácticas de corrupción e impunidad que han minado la confianza en la Ley y en quienes la representan, generando una relación de tensión entre la sociedad y gobierno. Los Gobiernos Federales Estatales y Municipales, tienen la obligación de luchar contra estos flagelos que ofenden y lastiman a todos los mexicanos de una forma u otra, por ello los gobiernos tienen que estar bien comprometidos a fortalecer el Estado de Derecho y el gobierno de principios, asegurar que nadie esté por encima de la Ley y se respeten las garantías individuales; y así representar y tener un gobierno honesto que propicie una eficaz prevención del delito y recupere la seguridad pública; para que garantice la procuración de justicia con igualdad; se instaure una administración de justicia honesta, pronta y alcance de todos, además se lleva a cabo una efectiva readaptación de los delincuentes en beneficio de la sociedad. El gobierno tendrá que seguir construyendo una nación justa, en la que existan instrumentos legales adecuados y la acción pública porque ningún agravio que sufran los mexicanos quede impune. Un país en el que la Ley se aplique en forma expedita y sin distingo por autoridades imparciales, honesta y eficientes, donde el Estado de Derecho se edifique en la legalidad, pero también en la confianza que tenga la sociedad hacia sus instituciones.

Concluyo; no hay,  ni habrá Estado de Derecho, si no se erradica la impunidad y la corrupción. Ho habrá seguridad y confianza de la gente en un gobierno si este no combate con toda su fuerza y con eficacia a la delincuencia. No tendremos justicia social en tanto a los mexicanos sigan sufriendo del despojo de sus bienes ganados honradamente con el esfuerzo de su trabajo.