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Hoy es jueves, 25 de abril de 2024

Mujeres sudcalifornianas desprotegidas ante la violencia digital

Las violaciones a la intimidad de mujeres, a través de filtraciones de fotografías eróticas, es una problemática respaldada por la falta de legislaciones y atención con perspectiva de género en instituciones sudcalifornianas

Mujeres sudcalifornianas desprotegidas ante la violencia digital

Fotogalería


La Paz, Baja California Sur.- La violencia digital contra la mujer es prácticamente un tema inexistente en las agendas de servidores públicos en Baja California Sur (BCS). 


El filtrar fotografías intimas de una mujer, a través de los conocidos “pacs”, es un tema que lejos de contrarrestarse con políticas públicas se alienta por medio de una cultura machista que promueve la cosificación de niñas, jóvenes y adultas. 


El Frente Nacional para la Sororidad señala que esta violencia afecta más a las mujeres que a los hombres por la hipersexualización del cuerpo femenino en la cultura machista. 


A finales de febrero del 2019 se reportó una historia que demuestra la gravedad y las afectaciones que la violencia digital ejerce en jóvenes. 


Una chica identificada como Julissa, se suicidó en su vivienda en Monclova, Coahuila, luego de que sus fotografías íntimas fueron difundidas en un grupo de Facebook. 


Familiares de Julissa revelaron que la joven había sido víctimas de “Packs de Monclova”, un sitio que exhibe fotos eróticas, desnudos y vídeos sexuales de mujeres que circulan en redes sociales. 


Aunque Julissa fue víctima de una agresión y violación a su derecho a la vida sexual libre de violencia, fue estigmatizada y violentada de nuevo en los comentarios de usuarios de Facebook. 


“¿Dónde encuentro el pack de la muerta?”, “¿El pack caducado dónde está?”, “Por puta”, “Para empezar quién la manda, no la obligaron y la cagó y buscó salida fácil”, escribieron usuarios de Facebook en la nota periodística que informó sobre el caso de Julissa. 


A pesar de que esta historia ocurrió en Coahuila, nos sirve para recalcar que las mujeres sudcalifornianas están en desprotección total ante la violencia digital. 


En las últimas semanas se han registrado publicaciones en grupos de compra-venta de Facebook, en las cuales ofrecen fotografías íntimas de mujeres a cambio de dinero. 


En investigaciones recientes se reveló que estas publicaciones tienen un objetivo vinculado con extorsiones telefónicas. Quienes están detrás de la venta de fotografías íntimas, buscan robar información digital de los compradores. 


Christa González Robinson, integrante del Paro Internacional de Mujeres La Paz, activista y estudiante de posgrado, ha realizado sus propias investigaciones sobre el tema en BCS. 


La activista parte desde el hecho de que no hay estadísticas en la entidad, sólo hay registros de víctimas en un rango desde tercer año de primaria hasta adultos mayores. 


Muchas niñas, jóvenes y mujeres adultas han sido objeto de cosificación sexual a través de la filtración de imágenes íntimas en el estado, sin embargo, no siempre reportan las agresiones debido a que son revictimizadas por la sociedad. 


“Hay estigmas por esta idea de la revictimización, entonces muchas chicas no lo quieren compartir. La otra parte es que muchas chicas se sienten responsables de esto porque les han dicho que si lo hicieron, pues fue su culpa”, dice Christa González. 


“Muchas no lo dicen, muchas no lo hablan. Muchas no ven mal que hayan violado su intimidad y se sienten responsables. Es como cuando se responsabiliza a la chica violada y no al violador, ese es el contexto de La Paz”, expone. 


La activista ha encontrado e identificado muchas páginas que ofrecen carpetas enteras con fotografías íntimas de chicas de La Paz, sin embargo, no siempre es sencillo proceder legal o penalmente debido a que la violación a la intimidad no está tipificada como delito en BCS. 


“No tenemos delitos contra la intimidad tal cual, no tiene una tipificación, no está actualizado ni está en la agenda legislativa”, revela. 


Esta corriente de agresiones tiene una modalidad que agrava la problemática: la pornografía infantil. En La Paz se han detectado casos de niñas menores de 10 años que han sido víctimas de filtraciones de material íntimo. 


A pesar de que no hay herramientas penales específicas, hay 3 formas de proceder cuando una chica es víctima de esta agresión. 


“Puedes proceder por ciberacoso: cualquier insulto, agresión, robo de fotografías. Puedes denunciar vía anónima por una aplicación de la Procuraduría. Otra opción es acudir al Centro de Justicia Penal o al Centro de Justicia para Mujeres”, expuso. 


“La otra es con el agravante por pornografía infantil, es una de las más concisas y de las que más funcionan. Aunque el agravado no quiera denunciar se persigue por oficio. Otra es por daños a la moral, vía civil, pero es un proceso complicado y largo”, explicó González Robinso. 


Es evidente que hay una desprotección, sin embargo, hay una posibilidad para que el tema sea tipificado como un delito de una vez por todas en BCS: la Ley Olimpia. 


El Frente Nacional para la Sororidad explica que Olimpia es una sobreviviente, en 2013 publicaron un vídeo sexual de ella y durante años ha sido explotada, tuvo que cambiar su vida por esta violencia. 


En su lucha, al ver que no había delito, Olimpia propuso una serie de reformas para tipificar el ciberacoso y otras violencias en internet. 


La Ley Olimpia exige que se bajen los contenidos íntimos de cualquier plataforma que dañe la dignidad e intimidad, además de 3 a 6 años de cárcel. Es una propuesta de reformas que han impulsado en México para reconocer y castigar la violencia digital. 


Esta Ley exige educación digital y propone un violentometro de violencia online hecho por Olimpia. Se sabe que hasta ahora 8 estados han aprobado esta reforma: Coahuila, BC, Sonora, Yucatán, Puebla, Chiapas y Estado de México. 


Por ahora, la lucha continúa a través de la educación y la concientización de hombres y mujeres sobre las consecuencias de violentar a otra persona en estos términos digitales. 


Christa González recuerda que es necesario que todos exijan servidores públicos capacitados en el tema, para no dejar en estado de indefensión a las víctimas. Asimismo, la entrada de tecnologías más seguras también abonaría a erradicar este fenómeno de violencia.