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Hoy es jueves, 28 de marzo de 2024

Reconoce regidor de Puppo que su suplente votó por “minería tóxica” en 2015

Afirmó que esto “no” es contradictorio a la política que han manejado en la candidatura común PAN-PRD-PRS-PH

Reconoce regidor de Puppo que su suplente votó por “minería tóxica” en 2015

La Paz, Baja California Sur.- El nuevamente candidato a regidor del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), de Renovación Sudcaliforniana (PRS) y el Partido Humanista (PH), Pilar Eduardo Carballo Ruíz, reconoció que su regidora suplente en el XIV Ayuntamiento de La Paz (2011-2015) votó a favor del cambio de uso de suelo para el desarrollo minero “Los Cardones”.


El primer edil del candidato a alcalde de La Paz, Marco Antonio Almendáriz Puppo, reconoció que en la cuestionada sesión privada de cabildo, Alma Melissa Bernal Araiza, fue participe de una presunta autorización irregular de permisos para la empresa que pretende extraer oro a cielo abierto en la Sierra La Laguna.


No obstante aclaró que la mencionada persona fue expulsada del partido por haber participado en esta situación: “estamos en contra de la minería tóxica”, dijo.


“Claro que no eso fue al final de la administración pasada yo ya estaba fuera del cabildo. La verdad le pedimos que votara en contra, pero la verdad ahí cuando no quiso estar con nosotros lo sacamos del partido. Estamos en contra de la minería tóxica”, dijo.


La mencionada sesión se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2015; Bernal Araiza fue expulsada del PRS en mayo de 2016, 8 meses después de haber sido exhibida junto con los demás ediles bajo la administración del entonces alcalde Francisco Monroy.


Esto solo cuando el Congreso de BCS inició un procedimiento de juicio político contra los ediles involucrados, del cual no derivó ninguna sanción de acuerdo a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) por tener una “legislación desactualizada” para resolver el caso.


Posteriormente esta carpeta fue turnada del Poder Legislativo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por no poder llevar a cabo dicho procedimiento de ley.