Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El pasado mes de mayo la diputada Rebeca Espinoza presentó una iniciativa para reformar el Artículo 19 de la Ley que Regula el Almacenaje, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en la entidad,  que tiene como finalidad  devolver a los ayuntamientos de Baja California Sur (BCS) la facultad de determinar los días, horarios y las condiciones dentro de las cuales habrán de funcionar los establecimientos dedicados al almacenaje, venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas.

Ante esta iniciativa la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Los Cabos, con la presencia además de Gianmarco Vela, presidente estatal de la cámara sostuvo una reunión con la diputada Rebeca Espinoza para abordar los impactos de dicha ley, explicó Vela.

“Como cámara estamos preocupados porque esta reforma de alguna manera quiere derogar el Reglamento de Alcoholes  y del reglamento de los establecimientos a los municipios, cosa que  hemos luchado como cámara por mucho tiempo y donde la legisladora estuvo muy de acuerdo con nosotros” expuso el líder estatal de los restauranteros. 

Canirac dijo que la plática con la diputada fue abierta, quien ofreció brindar una propuesta de proteger a los restaurantes, los establecimientos y los antros que operan tanto en la zona turística como en zonas aledañas.

Gianmarco Vela agregó que es inconstitucional el cobro de las horas extras, para lo cual han  externado varios fundamentos legales y hasta la Suprema Corte de Justicia de México se ha pronunciado de manera favorable en el sentido de que  el cobro de las horas extras es algo inconstitucional.

“Solo queda esperar cual sería la propuesta y de qué manera se va a proteger a nivel estatal el funcionamiento y lo que se ha logrado por muchos años de gestoría en restaurantes, bares, cenadurías. Quedamos en este sentido en espera de una postura por parte de ellos” declaró Gianmarco Vela, quien fue sumamente reiterativo en que la postura de la Canirac está en contra de la reforma a la Ley de Alcoholes, porque consideran que deja abierto a que suceda lo que ha pasado en otras administraciones en que se tiene una medida recaudatoria inconstitucional, que algunos han aprovechado y el dinero no ha llegado a la tesorería del municipio.