Mientras que la cuestionada dirigente estatal del PRI Gabriela Cisneros, reconoció que Francisco Monroy sigue siendo militante del PRI y se deslindó de la posible responsabilidad que enfrenta el exalcalde paceño acusado por el desvío de 8 millones de pesos, la dirigente priista no mencionó nada respecto a la ahora diputada federal Esthela Ponce que también está involucrada en ese tema con 22 denuncias en su contra ante la PGR y donde hasta ahora todos los priistas guardan un silencio cargado de mucho nerviosismo.

Ante el auto de formal prisión que emitió un juez y aunque el proceso lo llevará Monroy en libertad luego de pagar una fianza de 4.3 millones de pesos, los efectos políticos adversos serán inevitables para los diferentes candidatos del tricolor que a donde quiera que vayan indudablemente tendrán que responder a las preguntas de la ciudadanía que por supuesto descalifican ampliamente las dudas administrativas que dejó la pasada administración tricolor en la capital sudcaliforniana.

Lo curioso es que ningún priista parece estar dispuesto a hablar sobre lo que está claro afecta a la diputada federal Esthela Ponce que a pesar de sus esfuerzos por hacer creer a la opinión pública que no existe nada en su contra, la carta abierta publicada la semana pasada por el alcalde paceño, Armando Martínez, pone en claro que la PGR no ha hecho nada para tratar de esclarecer el destino de 830 millones de pesos que presuntamente fueron desviados de la administración municipal que encabezó Esthela Ponce con ayuda del hoy procesado Francisco Monroy.

El tema conlleva el riesgo de arrastrar a una pésima percepción social de las propuestas del tricolor cuyo candidato presidencial no ha podido salir del tercer lugar de las preferencias ciudadanas, lugar desde donde iniciará la campaña formal este viernes 30 de marzo.

Habrá que esperar que el tan llevado y traído “código de ética partidista” se pueda aplicar tanto al exalcalde paceño Monroy como a la diputada federal Ponce, aunque la verdad es que en este partido se han registrado los muy lamentables casos de corrupción en otras entidades del país, donde la honorabilidad de representantes populares emanados de este organismo político ha dejado mucho que desear en términos de honestidad y transparencia administrativa.

Obviamente será muy complicado para los abanderados del tricolor salir a la calle y decir que son la mejor opción justamente porque en este momento en la media península no pasan por su mejor momento ni gozan de una adecuada imagen como para captar más votos.

Por el contrario, el descrédito les acompaña ahora con más razón, por ello hay mucha gente en espera de que las autoridades correspondientes hagan algo para que quede bien en claro si Francisco Monroy y Esthela Ponce tienen responsabilidad legal que atender en el presunto desvío de 830 millones de pesos que hasta ahora no queda nada claro en dónde quedaron.

Los tiempos políticos cada día están más ceca de la jornada electoral del primero de julio y el riesgo de que el costo político lo asuman los candidatos del PRI es enorme, por lo que para muchos ya desde ahora les queda claro que la mayoría de los votos no serán precisamente para este partido.

Veremos qué sucede a partir del inicio de las campañas y cómo se desenvuelve este organismo político que hoy por hoy se enfrentará un proceso electoral en la entidad en condiciones sumamente adversas.

Ya veremos.