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Hoy es lunes, 16 de mayo de 2022

Por años ha funcionado en la opacidad el Órgano de Fiscalización de BCS

Mientras que la Auditoria Superior de la Federación existe un listado de programas auditados y de irregularidades detectadas, en el caso de BCS, el órgano de fiscalización no ha detectar irregularidades en el manejo de los recursos públicos de Sudcalifornia

Por años  ha funcionado en la opacidad el Órgano de Fiscalización de BCS

La Paz, Baja California Sur.- El Órgano de Fiscalización de Baja California Sur (BCS) ha incumplido por años con los preceptos más básicos de la ley de transparencia, al no ofrecer siquiera datos de sueldos, declaraciones, convocatorias o un listado de funcionarios sancionados, no obstante, su titular fue nombrado como nuevo auditor superior del estado. 


Mientras que en el caso de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) existe un listado de programas auditados y de irregularidades detectadas, en el caso de BCS, la oficina de Julio César López Márquez, nombrado frente al órgano de fiscalización en 2008, no ha detectado irregularidades en el manejo de los recursos públicos. 


No existe en su página de internet un listado de sueldos de servidores públicos, gastos de representación o viáticos, los servicios que el órgano fiscalizador ha contratado, el domicilio donde se encuentra su unidad de transparencia, la información curricular de sus servidores públicos, sus declaraciones patrimoniales, un listado de servidores públicos sancionados o informes de revisión de las cuentas públicas, entre varios otros rubros. 


Cabe recordar que López Márquez fue electo la semana pasada por los diputados del Congreso del Estado como el nuevo auditor superior del estado, cargo en el que estará hasta el año 2025. 


Entre las encomiendas que tenía López Márquez se encontraban el fiscalizar entes públicos estatales, municipales y organismos autónomos, sancionar cualquier tipo de responsabilidad administrativa, presentar denuncias ante el ministerio público por cualquier mal uso de recursos, promover juicio político contra cualquier funcionario y, entre varias otras, buscar el reintegro de los recursos presuntamente mal utilizados.