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Hoy es lunes, 22 de abril de 2024

Entre especulaciones, cumple un año el conflicto de Canal 10

· La historia de una huelga que nunca estalló La Paz, Baja California Sur.- No llegaba aún el mediodía del 1 de enero de 2016 cuando corrió la noticia, “dejó de operar el Canal 10”

Entre especulaciones, cumple un año el conflicto de Canal 10

· La historia de una huelga que nunca estalló
La Paz, Baja California Sur.- No llegaba aún el mediodía del 1 de enero de 2016 cuando corrió la noticia, “dejó de operar el Canal 10”. A partir de entonces a la población sudcaliforniana se le “atiborraría” de explicaciones dudosas, comentarios encontrados y, por ende, ante una indefinida postura de sus propietarios, encabezados por Guadalupe Lucero Álvarez, los medios de comunicación emitirían notas sin mucho sustento y cargadas de especulaciones. Habría sido en junio de 1968 cuando don Francisco King Rondero emitiría la primera señal de lo que después supimos lo hacía bajo las siglas XHK-TV Canal 10 La Paz, transmitiendo desde “la Colina del Sol”, convirtiéndose en pionero de la transmisión electrónica en Baja California Sur (BCS), y tras conducir y engrandecer la empresa por espacio de poco más de 20 años finalmente murió el 5 de septiembre de 1989, heredando presumiblemente la empresa a Guadalupe Lucero Álvarez, con quien había contraído matrimonio muchos años antes. Posteriormente, llegado el 31 de diciembre de 2015, y a solo un par de años de cumplir medio siglo de existencia, la televisora local más antigua cerraría sus puertas por no prever las afectaciones del anunciado apagón analógico advertido previamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), perdiendo su señal y obligándose a salir del aire el 1 de enero de 2016. A partir de entonces y ante la negativa de su propietaria, Guadalupe Lucero Álvarez, de conceder cifras y datos precisos que ayudaran a los medios de comunicación a mantener objetiva y verazmente informada a la población sudcaliforniana, obligadamente iniciarían las especulaciones, lo que se dio por la necesidad propia de dar a conocer los hechos subsecuentes, y más aún cuando decenas de personas se vieron obligados a dejar su fuente de trabajo. Y estas especulaciones fueron de diversa índole, desde apuntalar que la pérdida de señal fue producto de “no contar con el equipo necesario para brindar una señal digital”, y que “la señora Lupita no previó desde antes el problema”, hasta lo declarado oficialmente por el delegado de la SCT en BCS, Eleazar Gutiérrez Magaña, que “el tema de la suspensión de transmisiones del Canal 10 en el Estado es por la Transición Digital Terrestre [TDT]”, añadiendo a esto se sumaron 3 tipos de problemáticas, “administrativas, financieras y técnicas”. Al mismo tiempo se darían encontradas versiones respecto a la cantidad de empleados que prestaban sus servicios para esa empresa, hablándose de 22 hasta 35, y que de acuerdo a expresiones de estos últimos, quienes en su mayoría han preferido omitir sus nombres, filtran una deuda millonaria que la empresa mantiene con Televisa, entre otras deudas, muy por separado de que a ellos les habían retrasados sus pagos desde antes del 1 de enero de este año. · Desalojo y dudoso embargo de bienes a la empresa y contradicciones de autoridades y sindicatos Consta Diario El Independiente que llegada la noche del viernes 9 de diciembre se llevó a cabo un intenso operativo de desalojo en las instalaciones sede de la televisora Canal 10 La Paz, lo que se debió a la orden dictada por un juez local que falló a favor de Alejandro Sada, empresario que con anticipación había demandado a Guadalupe Lucero Álvarez, propietaria del medio de comunicación. Esa misma noche, integrantes del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr) se habían agrupado a la entrada de la empresa, buscando con ello que se respetara el movimiento de huelga que ellos iniciaron hace aproximadamente un año y sobre cuyos bienes dijeron tener derecho de posesión. “Sobre este caso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez se comunicó con autoridades del sindicato”, dice la nota, donde se agrega, “presuntamente el magistrado presidente habló con el juez que dictó está ejecución, el juez dice que corroboró en la junta que todo está en el expediente, que no van a permitir que se proceda al desalojo”, cuyas declaraciones marcan las contradicciones de las propias autoridades y que incluso agregan, “supuestamente Gallo Rodríguez hizo ver al juez la responsabilidad que implica no respetar un derecho a huelga en caso que el derecho esté debidamente acreditado”. En el lugar de los hechos, José Antonio Lucero Cervera, secretario general del Sitatyr en BCS, por su parte habría asegurado que el jurídico del sindicato les afirmó que no pueden realizar ningún operativo de desalojo por el movimiento de huelga por parte de los trabajadores, considerándose que “hay un embargo con la señora Lucero, pero son inmuebles que pertenecen al sindicato porque hay una prehuelga, no pueden sacar nada cuando hay una prehuelga, según la actuaria trae una orden federal pero incluso con una orden federal no puede hacer nada”, explicó el líder sindical, pero ante todo y a pesar de la insistencia de la prensa, Guadalupe Lucero Álvarez, directora general de Canal 10 y propietaria, permanecería en silencio. · Reacciones posteriores inmersas en beneficios de la duda y sin mucho sustento En los subsecuentes días y con base en insistentes cuestionamientos de Diario El Independiente se darían algunas reacciones, tanto de parte de instituciones oficiales como de organizaciones sindicales, pero sin mucho sustento. Una de ellas fue la expresión del líder estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Amadeo Murillo Aguilar, quien resumió su sentir en que el embargo a Canal 10 fue una violación a los derechos de los trabajadores, toda vez que “en cualquier situación de embargo los trabajadores son primero que una empresa particular”. El líder cetemista dejó en claro que por encima de todo están las garantías y los derechos consagrados en la Constitución, y plasmados en la Ley General del Trabajo, que les asisten a todas las y los trabajadores. Reveló que a todas luces esta fue una clara violación a los derechos constitucionales, “porque al existir un proceso de huelga no es posible que se pueda proceder a un embargo pasando por encima de los derechos que les asisten a los trabajadores y sus familias”, reafirmando su indeclinable apoyo a los huelguistas. Sin embargo en este conflicto son notorias las tibias respuestas de Amadeo Murillo, como nulo el respaldo que les ha concedido, pues ni ha demostrado el peso político y laboral que posee la CTM, ni tampoco ha fijado una postura firme, al menos a través de un fuerte pronunciamiento como legislador desde la tribuna del Congreso del Estado. Aunado a lo anterior, las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), tanto estatal como federal, a cargo de Gustavo Hernández Vela Kakogui y Ernesto Álvarez Gámez, respectivamente, coinciden en que precisamente a los trabajadores les asiste todo el derecho y se les debe garantizar el pago de sus adeudos. Aun cuando de nuevo saltan las contradicciones, toda vez que en el caso particular de Hernández-Vela acepta que el proceso de embargo que se dio “es un asunto de carácter civil o mercantil”, respecto a lo cual la autoridad no ha hecho nada por revertir la problemática a favor de los trabajadores, Álvarez Gámez, a quien los propios trabajadores acusaron de ser el culpable de que no estallara la huelga en su momento y de que el conflicto se estancara en solamente una “prehuelga”, se defiende diciendo que su trabajo consiste precisamente en evitar el estallamiento de un conflicto laboral y que por tanto a eso se debió su actuación.

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