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Hoy es viernes, 18 de septiembre de 2020

26 de mayo determinará el Congreso si procede juicio político contra ex funcionarios del Ayto de La Paz

La Paz, Baja California Sur.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Comisión Instructora de Juicio Político promovido en contra de 12 regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz y

26 de mayo determinará el Congreso si procede juicio político contra ex funcionarios del Ayto de La Paz

La Paz, Baja California Sur.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó otorgar un plazo de 15 días a la Comisión Instructora de Juicio Político promovido en contra de 12 regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz y el síndico municipal en turno, para otorgar el 26 de mayo resultados a favor o en contra de la denuncia, que podría inhabilitar políticamente a los exfuncionarios. El diputado Rodolfo Davis Osuna, a cargo de la Comisión Instructora de Juicio Político, explicó que el plazo es indispensable “para perfeccionar la instrucción, a efecto de estar en posibilidades de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, así como el periodo de alegatos, evitando con ello violentar la garantía del debido proceso”. El legislador recordó que el 14 de marzo de 2016 se presentó la denuncia de juicio político por aprobar el uso de suelo al proyecto minero Los Cardones de forma aparentemente ilícita, y fue entre el 15 de marzo y el 7 de abril cuando se practicaron las diligencias de obtención de domicilios de los denunciados, notificaciones de las denuncias, así como la recepción de los informes escritos que presentaron los mismos, para que el 8 de abril se abriera el periodo de pruebas, que comprende 30 días naturales por ley, concluyendo el plazo el pasado 8 de mayo, restando sólo 5 días naturales para integrar el periodo de alegatos, lo que la Comisión Instructora de Juicio Político considera “insuficiente”, pues dicha fase procedimental requiere 12 días naturales para ejecutarse, además de los días necesarios para la formulación y presentación de las conclusiones, las cuales “no pueden ni deben omitirse, pues se incurriría en una franca violación a las garantías del debido proceso, vinculada a la máxima protección de derechos humanos” En conclusión, es por esto que el Congreso del Estado requiere de 15 días adicionales para otorgar las conclusiones de ley, donde no se incluye a los exalcaldes Esthela Ponce Beltrán ni Francisco Monroy Sánchez, pues “no estuvieron en la sesión”, anota Davis Osuna, precisando que a su juicio “fue un error” de parte del XV Ayuntamiento de La Paz “el denunciar a gente que no estuvieron esa sesión”.

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