• Ahora que está sobre la mesa de la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de despenalizar el auto cultivo de marihuana, el abogado y representante del Consejo de Atención a Víctimas del Delito ofreció una entrevista para Diario El Independiente en la que expone que el criminalizar adictos es una estrategia fallida, implementada por la complicidad e incompetencia oficial, con el objetivo de generar estadísticas que justifiquen el supuesto quehacer en el combate al narcotráfico. Gilberto Santisteban Flores La Paz, Baja California Sur.- Durante los últimos 40 años, la estrategia oficial de combate al flagelo del narcotráfico ha sido sustentada por la simulación y el discurso. Poco o muy poco se hace por inhibir efectivamente la acción y el efecto de las operaciones del narcotráfico en nuestro país.

Criminalizar adictos

En entrevista con el representante del Consejo de Atención a Víctimas del Delito, Arturo Rubio Ruiz, este aseguró que entidades como Baja California Sur pasaron de ser un simple punto de reabastecimiento de combustible, a centros de consumo y distribución al menudeo, con las consecuencias sociales y de salud que ello conlleva. Ahora que está sobre la mesa la posibilidad de la despenalización del auto cultivo de marihuana, Arturo Rubio Ruiz, ofreció una serie de declaraciones en la que especifica que el criminalizar adictos es una estrategia fallida, implementada por la complicidad e incompetencia oficial, con el objetivo de generar estadísticas que justifiquen el supuesto quehacer en el combate al narcotráfico. “Aprovechando la vulnerabilidad de los farmacodependientes, y el desprecio social a quienes habitualmente consumen fármacos, se teje una pantalla de ´lucha contra el narcotráfico´ en la que se limitan a empapelar y encarcelar a usuarios de las drogas, mientras se brinda protección a los distribuidores de las mismas”, expuso. “El 20 de agosto de 2009, se adicionó a la Ley General de Salud el capítulo VII “Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo”, para diferenciar a quienes portan drogas para consumo personal de quienes lo hacen con fines de comercio y distribución o ´narcomenudeo´”, argumentó. El abogado asegura que esta modificación, lejos de mejorar el esquema de combate al narcotráfico, lo empantanó, y “legitimó” la participación directa de cuerpos policiacos de todas las corporaciones. “Estas corporaciones, las originalmente llamadas UMAN Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, hoy COE Centro de Operaciones Estratégicas, donde al macro distribuidor de drogas, o “dueño de la plaza”, le facilitan el trabajo corruptor, pues en lugar de “negociar” con cada corporación, lo hace de manera conjunta y con más eficacia”, señaló. Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), indican que entre agosto del 2009 y mayo del 2013, se ha ejercitado acción penal en contra de más de cien mil consumidores, todos ellos por cuestiones de menor cuantía. 40 mil más fueron detenidos y puestos en libertad. “En el mismo periodo, el 75% de las averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud fueron por casos de posesión, lo que refleja una tendencia sistemática de ingresar a los consumidores al sistema penal, para llenar estadísticas y vendernos la idea de que “están trabajando”, agregó Rubio Ruiz. “La prevención y la asistencia médica preventiva o terapéutica, es inexistente en los programas oficiales de atención a la farmacodependencia. Encarcelarlos en lugar de atenderlos, es la constante que hoy tiene sobrepoblados nuestros centros carcelarios, mientras el gobierno se gasta miles de millones de pesos en armamento y en implementar programas de “combate” ineficaces y dispendiosos”. Con respecto a los servicios públicos para personas que consumen drogas, el abogado expone que estos son escasos, mientras que si requieren tratamiento como internamientos, estos prácticamente no existen. “Los servicios de internamiento en el país son ofertados mayoritariamente por centros no gubernamentales que funcionan como cárceles privadas, sin programas ni personal profesional, que comercializan sus servicios sin supervisión sanitaria del gobierno. Son habituales las prácticas violatorias de los derechos humanos del interno, como son mantenerlos incomunicados de sus familias, propinarles castigos en grado de tortura que en algunos casos llegan a ocasionar la muerte de los internos”, aseguró. Como ejemplo, basta recordar los casos que se han dado dentro de los Centros de rehabilitación CRREAD, en donde un joven fue asesinado después de haber sido torturado, esto en Guerrero Negro. Para el 2013, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC) señala que existían sólo 43 centros públicos con internamiento a nivel nacional, para un número aproximado de 550,000 personas con dependencia de drogas en el país, según la última Encuesta Nacional de Adicciones (ENA). Por último, Rubio Ruiz apuntó que prevenir es más económico y rentable que tratar de remediar, agregando que es preferible invertir en escuelas, campos deportivos, centros de formación y sano entretenimiento, que gastar en cárceles y armamento. “Dejar la simulación en el combate al narcomenudeo, atender a los farmacodependientes en lugar de criminalizarlos, y enderezar el esfuerzo de desmantelar las redes de distribución en lugar de seguirse centrando en el último escalón de suministro, para encarcelar adictos y ´sacar la chamba´, finalizó.

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