La Paz, Baja California Sur.– La designación de Manuel Cota Cárdenas como coordinador estatal de la Cuarta Transformación enfrenta una controversia judicial derivada de tres quejas presentadas ante órganos internos de Morena, cuyos resultados no habían sido resueltos al momento de su nombramiento, el pasado 28 de septiembre.

El propio Cota reconoció este lunes 2 de noviembre que existe una impugnación relacionada con el proceso interno, aunque descartó que haya sido promovida por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, como se había especulado en el escenario político estatal.

De acuerdo con el expediente SUP-JDC-514/2026 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la promovente es Estefani Briseth Torres Pérez, quien se identificó como militante de Morena y cuestionó la actuación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

La inconforme presentó tres quejas contra Cota Cárdenas, por presuntas violaciones a las reglas del procedimiento partidista, registradas el 8 y 15 de julio, así como el 18 de agosto.

Posteriormente, el 2 de octubre, promovió un juicio para reclamar que las quejas no hubieran sido resueltas antes de la designación y solicitó que el nombramiento quedara sin efectos hasta contar con las determinaciones correspondientes.

Cota reconoce el recurso y niega participación de Milena

Durante una conferencia de prensa, el coordinador estatal reconoció la existencia del procedimiento, pero sostuvo que desconoce personalmente a la mujer que lo promovió.

“Efectivamente hubo una impugnación, hubo un recurso legal por parte de una compañera que no tengo el gusto de conocer, no de la compañera alcaldesa”, manifestó.

La aclaración coincide con lo señalado el pasado 28 de octubre por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien declaró que Quiroga Romero le había confirmado que no presentó ningún recurso contra el procedimiento interno.

Sin embargo, la ausencia de una impugnación por parte de la presidenta municipal no significa que el proceso se encuentre libre de controversias legales.

La demanda registrada ante el tribunal federal cuestionó expresamente la designación del coordinador estatal, además de las omisiones atribuidas a los órganos de justicia partidista.

El conflicto alcanza a la justicia electoral

El 5 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó enviar el recurso al Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, por considerar que debía agotarse primero la instancia local.

La autoridad federal no resolvió si las denuncias contra Cota estaban fundadas ni invalidó su nombramiento.

El asunto quedó registrado en Baja California Sur como TEEBCS-JDC-20/2026, con un acuerdo plenario fechado el 21 de octubre, aunque su contenido no fue identificado en la ficha pública consultada.

Un aspecto relevante de la resolución federal fue el voto particular parcial del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien consideró que la controversia estaba vinculada materialmente con la futura candidatura a la gubernatura.

Aunque coincidió en remitir el asunto al tribunal local, sostuvo que la competencia federal debía corresponder a la Sala Superior, y no a la Sala Regional Guadalajara, por la naturaleza política y electoral del procedimiento de Morena.

Su posicionamiento refleja el debate jurídico sobre los mecanismos que los partidos utilizan para definir coordinaciones políticas antes de formalizar sus candidaturas.

Unidad política frente a controversia judicial

La existencia de la impugnación ocurre mientras Cota busca consolidar la unidad de los grupos que participaron en la contienda interna y organizar las coordinaciones municipales y distritales rumbo a las elecciones de 2027.

En la misma conferencia, rechazó las negociaciones de cuotas de poder y negó mantener preferencias por alguno de los aspirantes a las coordinaciones municipales.

También insistió en que las responsabilidades deberán definirse mediante encuestas y evaluaciones ciudadanas.

Respecto al proceso judicial, aseguró que los trabajos de reorganización territorial continuarán y que la coordinación no detendrá sus actividades por las diferencias entre los integrantes del movimiento.

La controversia sobre la legalidad del procedimiento mediante el cual Morena designó a su coordinador estatal sigue abierta, independientemente de los acuerdos políticos que puedan alcanzar los grupos internos.

La documentación judicial consultada confirma la existencia de la impugnación, tres quejas previas y su remisión a la instancia local, sin una resolución al momento.