Estado de México. - Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, encabezados por Amnistía Internacional, pidieron este miércoles a la Asamblea General de la ONU crear un “mecanismo extraordinario” ante la crisis de desapariciones en México, que suma más de 135,000 personas no localizadas y 72,000 restos sin identificar.

Mediante un documento enviado a las embajadas ante la ONU, los grupos civiles pidieron a los países miembros definir los pasos a seguir tras la activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, una medida inédita del organismo internacional para dar seguimiento urgente al caso en México.

Frente a este escenario, las autoridades, a través de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, han rechazado de forma reiterada la postura del organismo internacional al interpretar la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) como un ataque sosteniendo y han afirmado que no existen elementos para presumir una práctica generalizada o sistemática de desaparición en el territorio nacional.

Los firmantes remarcaron la urgencia de contar con herramientas internacionales que fortalezcan la búsqueda, la identificación forense y el acceso a la justicia, señalando que la magnitud del problema “rebasa las capacidades” de México e involucra un índice de impunidad del 99%.

Para presentar la iniciativa en la Tercera Comisión de la ONU, la sociedad civil propuso la designación de un grupo o persona experta independiente encargada de trazar un plan de acción urgente en consulta con el Gobierno, la representación de las víctimas y los organismos internacionales.

De igual forma, exhortaron a los gobiernos aliados a entablar un “diálogo profundo” y constructivo con las autoridades mexicanas para evitar que el proceso sea percibido como un reproche político y se asuma como una oportunidad de cooperación técnica e internacional.

Frente al rechazo expresado por la Cancillería y la Secretaría de Gobernación sobre la existencia de prácticas sistemáticas, los colectivos recordaron que la resolución del CED sobre posibles crímenes de lesa humanidad activa el “Deber de proteger” de la comunidad internacional.

Como parte de la estrategia para el 81º período de sesiones de la Asamblea General, los familiares de las víctimas anunciaron reuniones de trabajo con diplomáticos en Nueva York y foros paralelos para impulsar la adopción de una resolución formal antes de que concluya el año.

Esta petición se da en un contexto de profunda tensión entre el Gobierno mexicano y los organismos multilaterales, marcado por el rechazo de la administración federal a reconocer la existencia de desapariciones sistemáticas, mientras colectivos de víctimas y ONGs buscan que la Asamblea General de la ONU reactive el escrutinio internacional y presione frente al colapso forense que atraviesa el país.