+ Caiga quien caiga.
Por:
Dionicio Lara
|
Publicado el
viernes, 28 de agosto de 2026.
Antes, mucho antes, las prerrogativas, los beneficios y
prebendas, eran algo cotidiano que se estilaba como una práctica habitual entre
los funcionarios del régimen.
Es decir, era una rutina considerada hasta cierto punto
normal, y que se daba desde un jefe de departamente, hasta un Secretario de
Estado.
Dicho más claro, los beneficios arbitrarios solían
practicarse en todas las áreas sin importar si estas oficinas estuvieran
dedicadas al beneficio comunitario, lo que dejaba en claro que la razón social
de tal oficina era solo una fachada.
Luego entonces, la mayor parte de los recursos del erario
público se iban por la borda.
Por tanto, el dinero no alcanzaba para los programas
sociales que hoy disfrutan los niños y niñas, jóvenes y jovencias, mujeres
embarazadas y personas adultas mayores, además de personas con discapacidad,
entre otras.
A todo eso, habría que agragar a los “aviadores”, quienes
con su importamadrismo, también alimentaban la corrupción.
Tal vez por eso, desde que encabezó su lucha por la
izquierda, es
decir desde siempre, Víctor Castro Cosío, a insistido en su pregón de favorecer
a los que menos tienen.
Y por eso también, ahora
como gobernador sostiene una postura de "cero tolerancia" .
Incluso asegura que en su
administración se combate la corrupción de frente, bajo la premisa de que
"se acabaron los moches y prerrogativas".
Además, advierte que no hay
personas ni protegidas, ni encubiertas por su gobierno.
Y lo mejor, que hay cero
impunidad, afirmando que cualquier
funcionario o persona señalada por actos de corrupción debe ser investigada y
enfrentar los procesos legales, sin importar la cercanía política o personal.
Como prueba de lo anterior son las
investigaciones internas donde su gobierno ha señalado y dado seguimiento a
casos de corrupción detectados al interior de la administración estatal, como es
el caso concreto del Instituto de Vivienda y otras áreas, lo cual deja en claro
que no se solapan irregularidades.
Veamos con mayor claridad:
El caso INVI de Baja California Sur incluye vinculaciones a
proceso y las primeras sentencias condenatorias por el desvío de más de 55
millones de pesos, aunado a que la Fiscalía mantiene abiertas indagatorias por el presunto uso de
recursos de dicho Instituto para financiar actividades políticas internas.
Por supuesto que en todo ello involucran a la
exdirectora Fernanda Villarreal quien ya
fue vinculada a proceso.
Y peor aún, que la Fiscalía Anticorrupción la
investiga por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos y
lavado de dinero.
En cuanto a otros casos de
irregularidades que se investigan, destaca la Dirección de Informática, donde la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur
abrió carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y triangulaciones
financieras que involucran a un exdirector de esta área, con aseguramiento de
vehículos de lujo, y bienes ostentosos no acordes con sus ingresos.
Ahora bien, escarbando más abajo, se han emitido
sentencias condenatorias como el caso de una exfuncionaria de una caja
recaudadora de rentas de la Secretaría de finanzas y Administración, por el
desvío y peculado de fondos estatales.
Y escarbando aún más
profundo, en el ámbito local de los municipios del estado, hay instancias como
Obras Públicas, OOMSAPAS y direcciones de comercio que acumulan carpetas de
investigación por malos manejos administrativos y también por desvíos.
Lo que es más, ante los propios medios de
comunicación, Castro Cosío ha lanzado mensajes directos a través de los que ha advertido
que. quien tenga algo que esconder debe cuidarse.
Y por supuesto, ha reiterado que los cargos
públicos no son para buscar privilegios.
Pero en fin, que la justicia demuestre su
existencia cumpliendo su cometido.
Caiga quien caiga, hombre o mujer.
Cuestión de tiempo.
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