Estado de México. - Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables en Texas de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, por haber traficado drogas y armas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los procesados quedaron sujetos a una pena mínima de diez años de cárcel y una máxima de cadena perpetua por estos delitos.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, y Gustavo Castro Medina admitieron su participación en la red criminal ante el sistema judicial de Estados Unidos. Ambos fueron entregados por el gobierno mexicano en procesos no contemplados en el tratado de extradición.

Navarro Sánchez negoció la compra de veinte fusiles tipo AK-47 y dos rifles calibre cincuenta con agentes encubiertos en agosto de 2023. Las autoridades estadounidenses arrestaron a sus cómplices cuando intentaron recoger el cargamento.

Gustavo Castro Medina operó como intermediario financiero para realizar un pago inicial de 3 mil dólares por las armas de fuego. La patrulla fronteriza detuvo al implicado en noviembre de 2020 con 36 kilogramos de metanfetamina ocultos en su vehículo.

La red criminal utilizó a Brian Alexis Muñoz Castro para almacenar y distribuir cargamentos de metanfetamina y fentanilo en casas de seguridad de El Paso. El cómplice recibió instrucciones directas de Navarro Sánchez para estas operaciones desde agosto de 2022.

Según la acusación René Hernández Cordero cruzó la frontera desde Ciudad Juárez con 63 mil dólares en efectivo para concretar la compra del armamento. Jesús Gerardo Ramos asumió la tarea de contrabandear los fusiles hacia México antes de la intervención federal.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas acusó formalmente a los involucrados en abril de 2024. Diversas agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas colaboraron en la investigación

de este caso transnacional.

CJNG terrorista

La designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) proporciona a los fiscales federales una herramienta para combatir a los grupos criminales.

Bajo este marco normativo de terrorismo, las acusaciones penales adquieren un mayor peso legal, lo que permite procesar y llevar ante la justicia a cualquier colaborador o facilitador de la organización, sin importar cuál haya sido su nivel o jerarquía de involucramiento dentro de la red delictiva.

Esta figura eleva formalmente la gravedad de las operaciones delictivas transnacionales. En lugar de procesar los hechos como delitos aislados de contrabando, este cargo asume legalmente que la internación de narcóticos (metanfetamina y fentanilo) y la exportación de armamento militar pesado (como fusiles tipo AK-47 y rifles calibre .50) constituyen conductas que amenazan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos.