La Paz, Baja California Sur.- Concesionarios del transporte de Los Cabos y La Paz se manifestaron este martes en el Congreso del Estado para exigir una solución al conflicto derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó diversos artículos de la Ley de Transporte de Baja California Sur (BCS). 

Con el fallo, el Gobierno del Estado pierde facultades para regular y sancionar ciertas operaciones de transportistas con permisos federales dentro de la entidad, una situación que, según los concesionarios, los deja en desventaja y pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen del transporte concesionado. 

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El legislador, Omar Torres, afirmó que buscarán dialogar con la mandataria porque consideró que aún podría no estar enterada de la afectación que, dijo, enfrenta el transporte sudcaliforniano. 

"Estamos apostando al diálogo y que ella se entere de la afectación; no de mil ni de dos mil, sino de más de 7 mil familias en el municipio de Los Cabos", sostuvo.

El diputado reconoció que la resolución judicial debe cumplirse, aunque afirmó que aún existen alternativas legislativas para atender el conflicto.

"No, sí, claro, en el tema del criterio que está dispuesto en el resolutivo no hay nada que podamos hacer, pero hay otras formas de poder reformar la ley federal para buscar los mejores acuerdos", declaró.

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En representación de los concesionarios, Esteban Cortés Ceseña, aseguró que la resolución tomó por sorpresa al gremio.

"Nos vemos muy afectados y queremos continuar con un diálogo que nos favorezca, que sea parejo. La resolución de la Suprema Corte representa una afectación al cien por ciento para nosotros como concesionarios locales", afirmó.

Agregó que la decisión impacta directamente a miles de familias, además de miles de personas que dependen indirectamente de la actividad.

"No es un tema que me afecte solo a mí; hay familias directas e indirectas. Son miles y miles de afectados", expresó.

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Los manifestantes señalaron que permanecerían a la espera de una respuesta del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío o, en su caso, de un compromiso por parte de la Secretaría General de Gobierno para instalar una mesa de diálogo.

Paralelamente, el Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a gestionar una mesa de coordinación con el Gobierno Federal y fortalecer la regulación del transporte en Los Cabos.

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Durante la manifestación, Guillermo Lamillo, concesionario de la ciudad La Paz, afirmó que el Ayuntamiento paceño mantiene cerrados los canales de diálogo con el sector.

"Son cinco años en los que no podemos siquiera tener una mesa de trabajo. Hemos metido infinidad de escritos y no hemos tenido ninguna respuesta, ni para bien ni para mal", denunció.

Añadió que la falta de acuerdos ha derivado en problemas de operación, cancelación de rutas y afectaciones para los usuarios del transporte público.